Panamá actualiza su régimen de Evaluación de Impacto Ambiental con un nuevo decreto que reemplaza normas de hace más de 20 años
El Estado panameño adoptó un nuevo Decreto Ejecutivo que actualiza y fortalece el marco jurídico de la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), reemplazando disposiciones vigentes desde hace más de dos décadas.
Panamá tiene un nuevo instrumento para proteger su entorno ante el avance de obras y proyectos. El Gobierno Nacional adoptó un Decreto Ejecutivo que actualiza y fortalece el régimen de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), reemplazando disposiciones que regían el país desde hace más de 20 años.
La norma, publicada en la Gaceta Oficial No. 30534-B, fue impulsada por el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) con el fin de prevenir, mitigar, corregir y compensar los posibles impactos ambientales derivados de la ejecución de obras, proyectos o actividades, tanto públicas como privadas.
Un marco jurídico actualizado
El objetivo del decreto es establecer el régimen jurídico aplicable al proceso de EIA en la República de Panamá, regulando principios, criterios, procedimientos y requisitos para la elaboración, presentación, evaluación, aprobación, actualización, modificación, seguimiento y control de los estudios de impacto ambiental.
La actualización responde a la necesidad de adaptar el marco regulatorio a los retos actuales del país, incorporando avances técnicos, tecnológicos y normativos que permitan una gestión más eficiente y una mejor articulación entre el desarrollo de proyectos y la conservación de los recursos naturales.
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Consulta pública y Escazú
El nuevo decreto fue adoptado luego de una amplia consulta pública, cumpliendo con los procedimientos internos de consentimiento previo, libre e informado de MiAmbiente, así como con los lineamientos del Acuerdo de Escazú, el tratado regional sobre acceso a la información, participación y justicia ambiental del que Panamá forma parte.
Digitalización y participación ciudadana
Entre los cambios más relevantes, la normativa contempla la incorporación de plataformas digitales para la gestión de trámites ambientales y el fortalecimiento de los procesos de participación ciudadana. También incluye criterios relacionados con la adaptación y mitigación del cambio climático, y actualiza los requisitos técnicos para la elaboración, evaluación y seguimiento de los estudios de impacto ambiental.
Además, el decreto incorpora disposiciones que facilitan el acceso a la información ambiental y amplían los espacios de participación de las comunidades en los procesos de evaluación, contribuyendo a una toma de decisiones más transparente, informada y sustentada.