PPC: Panamá defiende fallo de la Corte y rechaza injerencias tras controversia por concesión portuaria

El Gobierno de la República de Panamá reafirmó su compromiso con el Estado de Derecho, la separación e independencia de los órganos del Estado y el respeto irrestricto a las instituciones democráticas, tras la controversia internacional generada por el fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que declaró inconstitucional el contrato de operación portuaria de Panama Ports Company.

Mediante un comunicado oficial emitido este 4 de febrero de 2026, el Ejecutivo subrayó que la decisión de la CSJ constituye el ejercicio legítimo de una facultad soberana del Órgano Judicial, adoptada conforme a la Constitución y al ordenamiento jurídico panameño, y aclaró que se trata de una determinación estrictamente jurídica, no de carácter político ni geopolítico.

“El Gobierno Nacional respeta plenamente la independencia de los poderes del Estado”, señala el documento, al tiempo que exhorta a todas las partes, nacionales e internacionales, a actuar con el mismo respeto, tal como se espera cuando empresas panameñas o extranjeras son sometidas a procesos judiciales en otras jurisdicciones soberanas.

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El comunicado también recuerda que la neutralidad del canal de Panamá es un principio fundamental, protegido por el derecho internacional, el Tratado de Neutralidad y la Constitución, y que su resguardo incluye la defensa del interés público, la legalidad y la transparencia en la administración de activos estratégicos vinculados a su operación.

Asimismo, el Gobierno enfatizó que cualquier controversia relacionada con concesiones o contratos debe resolverse exclusivamente dentro del marco legal correspondiente, reafirmando la posición de Panamá como un país que actúa conforme a la ley y las normas internacionales.

En materia de política exterior, Panamá reiteró que mantiene una línea basada en el respeto mutuo, la no injerencia en los asuntos internos de otros Estados y la convivencia pacífica entre naciones, comprometiéndose a seguir siendo un actor responsable y confiable dentro del sistema económico y comercial internacional.

El Ejecutivo concluyó señalando que Panamá continuará defendiendo sus instituciones, su soberanía jurídica y el carácter neutral e internacional del Canal, en beneficio no solo del pueblo panameño, sino también de la comunidad global que depende de esta vía interoceánica.