Arbitraje de Panama Ports genera frente común entre el Gobierno y sector empresarial en defensa de la soberanía jurídica

Ciudad de Panamá/Luego que la empresa Panama Ports Company (PPC) anunciara el inicio de un arbitraje internacional contra el Estado tras fallo de inconstitucionalidad del contrato de concesión portuaria, surgen varias reacciones.

PPC fundamenta el recurso legal en supuestos incumplimientos del marco jurídico y contractual que ha regido su operación durante casi 30 años.

Reacciones de la empresa privada

La presidenta de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede), Giulia De Sanctis, señaló que la medida de la empresa "era de esperar" tras el fallo judicial. Sin embargo, mostró confianza en la posición de Panamá.

"Estamos seguros de que tenemos los elementos de derecho y fácticos, las pruebas para poder salir victoriosos en esta nueva etapa", afirmó De Sanctis.

La líder gremial también envió un mensaje a los inversionistas extranjeros, instando a las empresas a cumplir estrictamente con las normativas locales, evitar negociaciones "detrás de la puerta", señalando que estas conllevan consecuencias legales a largo plazo. También solicitó al Gobierno una transición transparente y una guía clara para mantener la seguridad jurídica en el hub logístico.

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Reacción del gobierno

Por su parte, la Cancillería de la República emitió un extenso comunicado en el que reafirmó el compromiso del país con el Estado de Derecho y la independencia de poderes. En la misiva se insta a las partes involucradas, tanto nacionales como internacionales, a respetar la separación de poderes, comparándolo con el respeto que se espera cuando empresas panameñas enfrentan procesos legales en el extranjero.

Se recordó que la neutralidad de la vía interoceánica es un principio protegido por tratados internacionales y la Constitución, lo que implica la defensa del interés público y la transparencia en la gestión de activos estratégicos. La Cancillería aseguró que Panamá actuará como un actor responsable y defenderá sus instituciones ante los tribunales correspondientes.

Subrayaron que el fallo de la CSJ es un ejercicio soberano y estrictamente jurídico, no una decisión política ni geopolítica.

"La República de Panamá continuará defendiendo sus instituciones, su soberanía jurídica y el carácter neutral e internacional del Canal en beneficio no solo del pueblo panameño, sino de la comunidad global a la que sirve esta vía interoceánica", dice el comunicado.

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En tanto, el presidente José Raúl Mulino rechazó enérgicamente el pronunciamiento de la empresa a través de sus redes sociales. El mandatario enfatizó que Panamá respeta la independencia del Órgano Judicial y adelantó que profundizará en el tema durante su conferencia de prensa semanal de este jueves, que se realizará en Penonomé, en la provincia de Coclé.

El Contralor General, Anel Flores, quien ha estado vinculado a las auditorías del contrato, se mantuvo cauto y evitó profundizar en el tema.

"No tengo ninguna reacción. Ellos tienen instancias a las cuales recurrir (...) Ellos tienen su derecho, pero el pueblo panameño también tiene derecho a lo propio", declaró.

Mientras Panama Ports argumenta que se ha vulnerado su marco contractual, el Estado panameño sostiene que la inconstitucionalidad declarada por la Corte es inapelable y debe ser respetada por todas las partes, nacionales e internacionales.

Información de Luis Mendoza y Elizabeth González