Panama Ports confirma que presentó arbitraje internacional contra el Estado panameño

Ciudad de Panamá/ Panama Ports Company (PPC) informó oficialmente en un comunicado que el 3 de febrero de 2026 inició un procedimiento de arbitraje internacional contra la República de Panamá, invocando las cláusulas del "contrato de concesión" y las Reglas de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (CCI).

Según el comunicado de Panama Ports, la disputa surge tras lo que describe como "una campaña del Estado panameño dirigida específicamente contra PPC y su contrato de concesión", marcada por acciones que, según la empresa, causaron "daños graves y daños adicionales inminentes" a sus operaciones.

En fallo conocido el pasado 29 de enero, la Corte Suprema de Justicia concluyó que no existe una concesión vigente para la administración de los puertos de Balboa y Cristóbal, al determinar que el contrato-ley suscrito con Panama Ports Company, S.A. es lesivo al interés público y vulnera múltiples artículos de la Constitución Política, al otorgar beneficios desproporcionados a la empresa concesionaria en detrimento del Estado panameño y del bienestar colectivo.

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Durante un año, Panama Ports asegura en su comunicado haber buscado evitar el conflicto mediante el diálogo. "Diligentemente llevaba adelante las operaciones portuarias y cooperaba de múltiples maneras con el Estado panameño", pero agregan que: "El Estado panameño ha rutinariamente desestimado las comunicaciones, esfuerzos de consulta y solicitudes de claridad", incluso en días recientes al inicio del arbitraje.

El conflicto escaló tras el anuncio de la Corte Suprema de Justicia, la noche del 29 de enero, que informó del fallo que declaró inconstitucional el contrato de concesión del Estado panameño con Panama Ports.

La empresa resalta que "tal resultado es diametralmente opuesto a decisiones anteriores dictadas por la Corte Suprema" sobre contratos similares, y que "el fallo judicial aún no se ha publicado ni ha entrado en vigor".

Según la empresa, el Gobierno de Panamá exigió, al día siguiente, "acceso irrestricto a propiedad física, comercial, intelectual e información, así como a sus empleados", amparándose en un "plan de transición" que PPC indica aún no ha podido revisar formalmente.

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Panama Ports insistió en que su contrato tiene estatus de "contrato-ley". Considera que el Estado "ha incumplido el contrato y ley aplicables" al revertir posiciones sostenidas por años y promover acciones legales destinadas a "destruir el contrato de concesión, el cual fue el resultado de un proceso de licitación internacional transparente".

Pese a iniciar el arbitraje, Panama Ports señala que mantiene su disposición al diálogo: "A pesar de los acontecimientos recientes, PPC reitera su invitación al Estado panameño para proporcionar claridad y consultas para resolver este asunto".

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