Panama Ports: Pérez Balladares ve oportunidad para Panamá tras fallo de la Corte, pero advierte señales negativas a inversionistas

En medio del debate nacional sobre los contratos de concesión y el papel del Estado en actividades estratégicas, el expresidente Ernesto Pérez Balladares respaldó la decisión de la Corte Suprema de Justicia que abre la puerta a una renegociación, al tiempo que cuestionó las comparaciones entre la operación portuaria actual y la de finales de los años 90, y advirtió sobre los efectos que este tipo de fallos puede tener en la confianza de los inversionistas internacionales.

El expresidente Ernesto Pérez Balladares afirmó que no es justo comparar la operación portuaria actual con la que existía en 1997, cuando el movimiento era limitado y no contemplaba actividades logísticas de gran escala. Esto tras el fallo

“Es injusto comparar los movimientos y el puerto de hoy con lo que existía en 1997, cuando solo ingresaban contenedores con mercancía para Panamá. No existía el negocio de trasiego de contenedores ni una zona logística”, señaló el exmandatario.

Pérez Balladares sostuvo que el contrato de concesión fue modificado de manera equivocada, otorgando mayores ventajas a los concesionarios y restándole al país la oportunidad de obtener mayores beneficios económicos.

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El exmandatario cuestionó el hecho de que los abogados que negociaron el contrato ahora quieran hacer ver que desconocían lo que estaba haciendo, ponderando la decisión de la Corte Suprema de Justicia que abre las puertas a una mejor negociación.

No obstante, advirtió que este tipo de decisiones también envía señales negativas a los inversionistas internacionales, al proyectar la idea de que, cuando existen intereses de terceros, la Corte puede anular contratos y leyes.

Pienso que quizás en los próximos contratos deberíamos designar a los magistrados de la Corte para que negocien y así se llegue a condiciones adecuadas desde el punto de vista constitucional”, ironizó.

El exmandatario recordó que, en el caso del contrato minero, se identificaron 25 faltas a la Constitución que, según dijo, no fueron advertidas por los mejores abogados del país, sino únicamente por la Corte.

“No creo que un abogado quiera hacer un contrato incurriendo en faltas a la Constitución. Son temas de valoración subjetiva más que objetiva”.

Además, señaló que los puertos panameños se han consolidado como un centro logístico de relevancia mundial, una realidad muy distinta a la de 1997, por lo que, a su juicio, es necesario repensar el modelo de gestión.

Entre las alternativas planteadas, mencionó un esquema de administración mixta entre el Estado y una asociación público-privada (APP), o que la gestión quede bajo la administración del canal de Panamá.

Añadió que uno de los aspectos clave que debe contemplarse en un próximo contrato es la distribución de las ganancias, de manera que los beneficios sean equitativos para ambas partes.

Asimismo, sostuvo que Panamá sí tiene la capacidad de supervisar y de evitar prácticas que, según dijo, fueron permitidas en el pasado, como “robar dinero a través de sociedades anónimas”.

Recordó que el primer contrato se adjudicó mediante una licitación pública en la que participaron tres empresas, la concesión se otorgó a través de la Autoridad Marítima de Panamá y se estableció un esquema de ganancias que, posteriormente, fue modificado en negociaciones posteriores, reduciendo los beneficios que correspondían al Estado panameño, algo por lo que deben responder los responsables.

Finalmente, reiteró que esta es una gran oportunidad, con los puertos bajo nueva administración y la creación de nuevos puertos para la distribución logística. Resaltó que el país puede generar riqueza, empleos bien remunerados y que la inversión retorne en beneficio de la población.