Panama Ports responde a las recientes declaraciones de la Contraloría

Ciudad de Panamá/Panama Ports Company (PPC), S.A. , operador de las terminales portuarias de Balboa y Cristóbal, emitió un comunicado ante las recientes declaraciones de la Contraloría General de la República de Panamá y de su contralor Anel Flores.

"PPC, como parte de Hutchison Ports, es objeto de un proceso de venta de ciertos puertos de Hutchison Ports alrededor del mundo, proceso que está siguiendo su curso activo y no ha concluido. Llegado el momento dentro del proceso de venta, PPC llevará a cabo las comunicaciones pertinentes, incluyendo las actuaciones correspondientes ante el Gobierno de Panamá. Afirmamos que creemos que la colaboración con el Gobierno de Panamá es vital para discutir el camino a seguir para PPC y que queremos trabajar con el Gobierno por un futuro mejor para apoyar a Panamá", indicó la nota de Panama Ports.

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Añade el comunicado que: "Respecto de las acciones legales en curso, creemos firmemente que, el respeto a la seguridad jurídica y el estado de derecho brindan a las empresas e inversionistas la certeza de que Panamá es un país seguro para invertir".

Finaliza la nota indicando Panama Ports que la: "historia de más de 28 años es prueba del impacto positivo que hemos generado, al construir puertos de clase mundial, crear más de 25,000 empleos directos e indirectos y aportar miles de millones de balboas a la economía panameña. PPC ha buscado cooperación con el Estado panameño y continúa haciendo un llamado a la coordinación respetuosa y a las consultas para proteger la concesión que ha brindado servicios de alta calidad para el beneficio de Panamá y el mundo".

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Acciones de la Contraloría

Tres meses después de concluida una auditoría crucial, la Contraloría General de la República, encabezada por Anel Flores, presentó una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) contra el contrato original de concesión otorgado a Panama Ports Company (PPC), así como una segunda acción legal contra su polémica extensión por 25 años, aprobada en 2022.

Según el contralor Flores, PPC habría incumplido su contrato, lo que habría resultado en una pérdida para el Estado panameño de aproximadamente $1,000 millones de dólares.

“Hablamos de un contrato donde malos panameños permitieron que más de $1,300 millones de dólares no entraran a las arcas nacionales”, denunció Flores, en declaraciones que han sacudido el panorama político y empresarial del país.

La reacción del presidente José Raúl Mulino fue inmediata y contundente: “Lo apoyo plenamente, tiene mucha justificación. Todos hemos visto lo que ese contrato le ha costado a la nación panameña”, afirmó el mandatario, alineándose públicamente con la Contraloría.

Mientras tanto, la Corte Suprema de Justicia deberá pronunciarse sobre un contrato que no solo representa miles de millones de dólares, sino que también podría redefinir el control sobre una infraestructura clave en el comercio marítimo mundial.