Contraloría lleva a la CSJ contrato de Panama Port: Están en juego mil millones de dólares

Ciudad de Panamá/Tres meses después de concluida una auditoría crucial, la Contraloría General de la República, encabezada por Anel Flores, presentó una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) contra el contrato original de concesión otorgado a Panama Ports Company (PPC), así como una segunda acción legal contra su polémica extensión por 25 años, aprobada en 2022.

Según el contralor, PPC habría incumplido su contrato, lo que habría resultado en una pérdida para el Estado panameño de aproximadamente $1,000 millones de dólares.

“Hablamos de un contrato donde malos panameños permitieron que más de $1,300 millones de dólares no entraran a las arcas nacionales”, denunció Flores, en declaraciones que han sacudido el panorama político y empresarial del país.

La reacción del presidente José Raúl Mulino fue inmediata y contundente: “Lo apoyo plenamente, tiene mucha justificación. Todos hemos visto lo que ese contrato le ha costado a la nación panameña”, afirmó el mandatario, alineándose públicamente con la Contraloría.

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En la misma línea crítica, el expresidente Ernesto Pérez Balladares, uno de los más abiertos detractores del manejo de Panama Ports, se sumó al debate y cuestionó el mecanismo que están utilizando para manejar la situación.

“No sé si el mecanismo que ha buscado el contralor Flores es legalmente el correcto o no. Lo cierto es que tenemos que parar e impedir cualquier transacción con ese puerto hasta que Panamá tome una decisión”, enfatizó el exmandatario.

Sin embargo, la estrategia legal de la Contraloría no ha sido del agrado de todos. El abogado Roberto Ruiz Díaz, quien ya había presentado anteriormente una demanda de inconstitucionalidad contra el contrato y otra contra su extensión, cuestionó la forma en que se ha procedido.

Según Ruiz Díaz, habría sido más efectivo que la Contraloría se adhiriera a las demandas existentes y aportara pruebas, en lugar de iniciar un proceso paralelo. “La duplicidad podría ser contraproducente”, advirtió.

Ruiz Díaz también lanzó dudas sobre la intención real del nuevo proceso legal: “No sabemos si lo que se está tratando es que se dilate, mientras se deciden las negociaciones a nivel internacional, o si realmente queremos determinar si el contrato es inconstitucional o si la prórroga fue ilegal”.

Mientras tanto, la Corte Suprema de Justicia deberá pronunciarse sobre un contrato que no solo representa miles de millones de dólares, sino que también podría redefinir el control sobre una infraestructura clave en el comercio marítimo mundial. Fuentes cercanas a las negociaciones indican que, en paralelo al proceso judicial, se desarrollan conversaciones y presiones entre actores corporativos chinos y estadounidenses que podrían desembocar en un cambio de dueño de Panama Ports.

El fallo que emita la Corte no solo determinará la constitucionalidad del contrato, sino también si el Estado panameño recuperará lo que, según las autoridades, ha dejado de recibir durante más de dos décadas. El país observa expectante mientras la justicia y la geopolítica portuaria juegan una partida silenciosa, pero de alto impacto.

Con información de Nicanor Alvarado