Piden al MOP y Contraloría que 'hablen claro' sobre el proyecto del Corredor de las Playas
Luego de que el Ministerio de Obras Públicas (MOP) confirmara que el proyecto Corredor de las Playas será un 80% más corto, las reacciones no se han hecho esperar.
El cambio en el proyecto se está discutiendo y, de acuerdo con la entidad, podría estar en blanco y negro y en ejecución en 2022.
Gilberto Marengo, director de Proyectos Especiales del MOP, aseguró que el proyecto heredado de la administración anterior estaba "mal planificado" y que las proyecciones indicaban que además de los $603 millones que costó, según se licitó, se tendría que sumar una cantidad similar para liberar e indemnizar a propietarios alrededor de la vía.
Para la arquitecta y ambientalista Raisa Banfield, realmente, el problema de fondo de este tipo de obras en Panamá es “sistémico”.
Recalcó que la disponibilidad de recurso y la necesidad de infraestructura hizo que proliferara este tipo de intervenciones y se adoleció siempre en la falta de planificación de las obras.
Según Banfield, cuando esa obra se planteó “nadie presentó ante la ciudadanía, municipios y equipos técnicos los estudios, evaluaciones ambientales, estudios sociológicos e impacto a la comunidad, simplemente, hay mucho tráfico hacia las playas y por tanto viene una obra”.
La mayoría de los residentes en el área han urgido al Gobierno que concluya este proyecto vial, porque el tráfico en la zona es difícil.
Por su parte, el abogado Ernesto Cedeño dijo que en el contrato se habla de 603 millones de dólares, incluyendo el desglose de 20 millones para indemnización de servidumbres, por lo que pidió al MOP mayores explicaciones, debido a que se habla de una mala planificación, donde los responsables serían la entidad y la Contraloría.
En tanto, si la contratista incumplió, el MOP podría resolver administrativamente porque hay una fianza.
Para el abogado, lo indignante es que se maneje de esta forma, por lo que pide que las autoridades hablen claramente si se hizo mal el proyecto.
Cedeño solicitó al MOP que aclare la situación y al ministro Rafael Sabonge, que "dé la cara al pueblo", porque hay mecanismos jurídicos para terminar un contrato si se violó la ley.
Además, ha pedido aclaración de la Contraloría General de la República.