Piden a procurador de la Administración actuar ante contrataciones de emergencia
Ciudad de Panamá/El proceso para la construcción del Hospital Modular Panamá Solidario llegó ahora a manos del procurador de la Administración, Rigoberto González. Este jueves 4 de junio, el abogado Ernesto Cedeño le pidió que intervenga para que los trámites del estado de emergencia se apliquen en estricta legalidad.
El ministro de Obras Públicas, Rafael Sabonge, reiteró a TVN Noticias lo dicho horas antes a través de comunicado. La empresa Smart Brix, que construyó el hospital modular, es a su juicio quien debe comprobar que se entregó el material solicitado y que, de otra forma, no van a poder cobrar lo pactado en contrato.
En el último punto del documento, se establece que este contrato requiere para su perfeccionamiento el refrendo de la Contraloría. De hecho, aparecen las firmas del ministro Sabonge y del representante de Smart Brix, Nitesh Mayani, pero no del contralor Gerardo Solís.
“¿Cómo es eso que el contrato no se ha perfeccionado? Apenas a un contratista le dan la orden de proceder, el contrato ya debe ser un hecho. Lo que más preocupa es que la obligación contractual sea del contratista, y él es el que tiene probar que lo entregado se ajusta al contrato, realmente no. El que tiene la obligación de cuidar a los panameños es el Ministerio de Obras Públicas, es el Estado, no un contratista, o el Ministerio de Salud, pero no un contratista equis, ya sea Smart Brix o cualquier otro”, señaló la arquitecta, Sandra Escorcia.
El Ministro detalló a TVN Noticias que no existe un pliego de cargos como tal, pero sí especificaciones técnicas, en un procedimiento especial. Que se resume en un hospital de 100 camas, 80 para semi intensivo, 20 para cuidados intensivos y cumplir con todos los estándares del Ministerio de Salud y de bioseguridad.
En el contrato para el suministro e instalación de estructuras modulares para uso hospitalario, a construir en 30 días, se desglosa el costo de 6 millones 541 mil dólares por la obra, más 457 mil 870 dólares en concepto de ITBMS, para un total de 6 millones 998 mil 870 dólares.
Para que el Estado pague, el contratista debe presentar las cuentas con un informe, y que estas hayan sido verificadas y aprobadas por el Ministerio de Obras Públicas.
“Le acabo de pedir el procurador de la Administración que instruya al director general de Contrataciones Públicas que todo el trámite de emergencia lo adecúe a la legalidad. Pero no puede ser posible que, en proceso de pandemia, las instituciones están recibiendo obras como el hospital modular, bienes y servicios, sin contar con el refrendo de la Contraloría. Es que la ley dice lo contrario, la ley dice que primero la Contraloría debe refrendar el contrato y la orden de compra, y luego se emite la orden de proceder para ver si todo el procedimiento se ajusta a derecho y se puede recibir los bienes y servicios. Aquí se ha invertido, esto es ilegal y en tal sentido el procurador debe jugar su papel”, declaró Cedeño.
En el contrato se establecen retenciones como garantía, para devolver al terminar la obra. También una fianza por más de 3.4 millones de dólares, que tiene vigencia de 3 años, después de terminada y aceptada la obra.