TE se pronuncia sobre delitos electorales en medio de denuncias contra el vicepresidente Carrizo
Delitos electorales
El Tribunal Electoral (TE) se pronunció sobre la forma de presentar denuncias relacionadas a delitos electorales, esto en medio de señalamientos al vicepresidente de la República, José Gabriel Carrizo, por la presunta utilización de bienes del Estado para fines políticos.
“Las denuncias por delitos electorales deben presentarse ante la Fiscalía General o las Fiscalías Electorales, quienes ejercen las funciones de investigar la posible comisión de delitos en esta materia”, indicó el Tribunal Electoral en una breve nota pública este lunes 6 de junio.
El máximo organismo electoral en Panamá explicó que luego de “concluida la investigación correspondiente, se remite a quienes ejercen la Jurisdicción Penal Electoral en el Tribunal Electoral (TE), a fin de que se encarguen del juzgamiento, de conformidad con las normas dispuestas en el Código Electoral y supletoriamente con el Código Procesal Penal y el Libro Primero del Código Penal”.
El Tribunal Electoral, sin hacer mención a ningún caso específico, reiteró a la ciudadanía si conoce de la comisión de algún delito, se debe presentar la denuncia ante la Fiscalía Electoral para su procesamiento.
Una denuncia administrativa ante la Procuraduría de la Administración por la presunta utilización de bienes del Estado para fines políticos, presentó el abogado Ernesto Cedeño, este lunes 6 de junio.
La denuncia es contra quienes resulten involucrados en el uso de un helicóptero del Servicio Nacional Aeronaval (Senan), para presunta actividad política.
En un video se aprecia el helicóptero que fue usado por el vicepresidente, José Gabriel Carrizo, quien participó de un “mitin político”, según declaró el alcalde de Río de Jesús, Didiano Pinilla, hecho que aconteció el pasado 2 de junio.
El abogado Cedeño indicó que, en este caso, el procurador González podría tener a bien diferir esta denuncia ante la Fiscalía Electoral; pero, a su parecer, se puede estar frente a la violación del Código de Ética, que es claro y establece como sanción, multas y hasta la destitución o suspensión del cargo.