Presupuesto 2027: Cuestionan excepciones a contrataciones públicas impulsadas por los diputados Robinson y Camacho

Ciudad de Panamá, Panamá/La posibilidad de que más instituciones puedan realizar determinadas contrataciones por montos inferiores a $1 millón sin aplicar la Ley de Contrataciones Públicas generó cuestionamientos de representantes empresariales y economistas, quienes advirtieron sobre los riesgos de introducir estos cambios dentro del presupuesto general del Estado para 2027.

Las críticas apuntan tanto al alcance de las excepciones como al mecanismo utilizado para proponerlas: una modificación al artículo 370 del proyecto de ley 644, presentada por los diputados Benicio Robinson, Luis Eduardo Camacho y otros.

Puede leer: Asamblea: Proponen cambios a la Ley de Contrataciones Públicas durante debate del Presupuesto 2027

Aunque reconocen la necesidad de que el Estado responda con rapidez y ejecute sus recursos, los entrevistados reclamaron mayor análisis, consultas y controles sobre el uso de los fondos públicos.

Cuestionan la falta de consultas

El presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), Alberto López, sostuvo que aplicar controles posteriores en algunas contrataciones puede ser una alternativa, pero cuestionó que se impulsen medidas sin una evaluación suficiente.

“Un control posterior en ciertas contrataciones no es malo, el problema es que tomamos estas medidas de manera precipitada, sin hacer los análisis”, manifestó.

López también advirtió sobre las consecuencias de adoptar decisiones sin escuchar a los sectores involucrados.

“Yo creo que cuando se toman estas medidas de manera apresurada, sin consultar con todos los sectores involucrados, a veces el resultado no es el mejor”, expresó.

Por su parte, el exministro de Hacienda Fernando Aramburú Porras cuestionó la posibilidad de prescindir de licitaciones públicas para contrataciones de esos montos.

“Eso no procede, el Estado tiene que contratar mediante licitaciones públicas”, afirmó.

Aramburú Porras consideró que podrían contemplarse mecanismos para montos menores de $100 mil, siempre que existan cotizaciones, pero rechazó eliminar el requisito de licitación por el riesgo de favorecer a determinados proveedores.

Rapidez con fiscalización

El expresidente del Conep, Rubén Castillo, pidió fortalecer las instituciones y mantener la transparencia como un principio de las decisiones públicas.

“Tenemos que recuperar nuestras instituciones; deben ser instituciones fuertes, instituciones que pongan en el centro de todas las cosas al ciudadano”, sostuvo. Castillo reconoció que el país enfrenta una emergencia que exige respuestas rápidas del Estado, pero insistió en que esa capacidad debe estar acompañada de fiscalización.

“Siempre debe haber una contrapartida, que es la actividad permanente de la Contraloría, verificando que los fondos públicos se utilicen adecuadamente”, manifestó.

El economista Luis Morán también expresó preocupación por introducir una modificación sobre contrataciones mediante el presupuesto, al que describió como uno de los pocos instrumentos fiscales que tiene Panamá para enviar señales a la economía.

Señaló que esta discusión ocurre cuando el Estado tiene compromisos de inversión y de atención a los daños y afectaciones sufridos en las provincias.

¿Qué contempla la propuesta?

El cambio planteado permitiría exceptuar de la Ley de Contrataciones Públicas la adquisición de servicios técnicos, repuestos y equipos cuando existan situaciones fortuitas y de urgencia, o circunstancias justificadas de interés público que requieran atención prioritaria.

El monto de cada contratación tendría que ser inferior a $1 millón, con una disposición que establece que no sean acumulativos por proveedor o tipo de servicio técnico y que se evite la fragmentación contractual.

La propuesta también ampliaría las entidades comprendidas en esta dispensa. A empresas e instituciones como el Metro de Panamá, el Idaan, Etesa, la Autoridad de Aseo y el Aeropuerto Internacional de Tocumen, se sumarían los ministerios de Educación, Obras Públicas y Gobierno, bajo las condiciones previstas en el texto.

Además, cada entidad tendría que emitir una lista de los servicios requeridos y adoptar un reglamento especial de contratación, aprobado por la Contraloría General de la República y publicado en la Gaceta Oficial.

Los cuestionamientos de los entrevistados se concentran en cómo garantizar que la agilización de las contrataciones preserve la competencia entre proveedores, la transparencia y la fiscalización de los recursos.

Con información de Nicanor Alvarado.