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Ciudad de Panamá/En medio de las discusiones del Presupuesto General del Estado para la vigencia fiscal 2027, la Asamblea Nacional recibió una propuesta de regular las excepciones de la Ley de Contrataciones Públicas, pero dentro del Proyecto de Ley 644 del presupuesto.
La iniciativa, firmada de madrugada del jueves 29 de octubre por los diputados Benicio Robinson y Luis Eduardo Camacho, entre otros, plantea cambios en el artículo 370 sobre las empresas e instituciones de servicios públicos.
El texto original de la propuesta indica que las entidades comprendidas estarán exceptuadas de la aplicación de la ley vigente "para la adquisición de servicios técnicos, repuestos y equipos, cuando se presenten situaciones fortuitas y de urgencia o concurran circunstancias debidamente justificadas de interés público que requieran atención prioritaria, siempre que el monto de la contratación sea inferior a un millón de balboas (B/.1,000,000.00), no acumulativos por proveedor o tipo de servicio técnico, evitando la fragmentación contractual".
Hasta la fecha, la normativa contemplaba esta dispensa principalmente para un grupo selecto de empresas estatales —como el Metro de Panamá, el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan), la Empresa de Transmisión Eléctrica (Etesa), la Autoridad de Aseo y el Aeropuerto Internacional de Tocumen— bajo un tope anterior de 500 dólares.
Con la propuesta presentada, se suman instituciones públicas como el Ministerio de Educación, el Ministerio de Obras Públicas y el Ministerio de Gobierno, siempre que atiendan asuntos de interés general y derechos poblacionales. Asimismo, la propuesta exige que cada entidad emita una lista de los servicios requeridos y adopte un reglamento especial de contratación, el cual debe ser aprobado por la Contraloría General de la República y publicado en la Gaceta Oficial.
La presentación de la propuesta de madrugada generó diversas reacciones en el espectro político. Voces críticas, como la del exdiputado Juan Diego Vásquez a través de la plataforma X, cuestionaron que se permita a las instituciones públicas eximirse de los procedimientos ordinarios de compras hasta por un millón de balboas, advirtiendo sobre los riesgos en la fiscalización de los fondos estatales en situaciones de urgencia.