Jelou!
En vivo
Ciudad de Panamá, Panamá/La Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional aprobó el 26 de octubre, en primer debate, el proyecto de Presupuesto General del Estado para 2027, con una redistribución de $450.8 millones y modificaciones que amplían la lista de funcionarios autorizados para viajar en clase ejecutiva durante misiones oficiales.
El proyecto de ley 644 mantiene el monto global de $35,111.7 millones presentado en julio. Según el informe de la comisión al que tuvo acceso este medio, los aumentos incorporados se compensan con disminuciones por la misma cantidad, por lo que los ajustes no elevan el total previsto.
La comisión también aprobó el pliego de modificaciones y recomendó al pleno dar segundo debate a la propuesta.
El cuadro de ajustes registra un aumento de $89.2 millones para el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), de los cuales $22.5 millones corresponden a funcionamiento y $66.7 millones a inversión.
También incorpora $57.8 millones para el Ministerio de Obras Públicas y $55.9 millones para el Cuerpo de Bomberos. En ambos casos, la mayor parte del incremento se destina a inversión.
Transporte Masivo de Panamá recibe un aumento de $27 millones; el Ministerio de Salud, de $25 millones; y la Asamblea Nacional, de $23 millones.
En el caso del Legislativo, el incremento se concentra en funcionamiento y lleva su presupuesto de $97 millones a $120 millones.
Para equilibrar las modificaciones, se contempla una reducción de $416,683,065 millones en el servicio de la deuda pública; es decir, se disminuye la partida destinada para atender los pagos de capital, intereses de préstamos y otras obligaciones. Además, se disminuyen $15.4 millones [$11 millones de funcionamiento y $4.4 millones de inversión] al Ministerio de Educación.
En tanto, hubo un reajuste en la Autoridad Nacional de Descentralización; se le trasladaron $18.2 millones de funcionamiento a inversión. Mientras que al Instituto Panameño Autónomo Cooperativo (Ipacoop) se le trasladaron $517,843 de inversión a funcionamiento.
Entre las modificaciones normativas figura la ampliación de las autoridades que podrán viajar en clase ejecutiva cuando salgan del país en misión oficial.
El artículo 302 incorpora a embajadores, gerentes generales de empresas públicas, determinados superintendentes y administradores generales de instituciones del sector descentralizado.
Para estas autoridades se mantiene la condición de que el viaje sea mayor de tres horas. El texto conserva las excepciones para el presidente y vicepresidente de la República y los presidentes de los órganos legislativo y judicial.
Los funcionarios que no estén incluidos deberán viajar en clase económica. Si requieren una categoría superior, tendrán que pagar la diferencia con sus propios recursos.
La modificación al artículo 306 establece que el MEF podrá gestionar directamente, a través del Tesoro Nacional, pagos derivados de sentencias judiciales y laudos arbitrales ejecutoriados, con cargo al presupuesto de la institución que originó la controversia.
El texto establece que el MEF podrá actuar “sin necesidad de contar con la solicitud o autorización previa de dicha institución”.
Pero, ¿qué cambia frente a la propuesta original que legó en ? El proyecto presentado en julio ya contemplaba que el MEF utilizara partidas de la entidad que dio origen a una demanda para cumplir fallos judiciales y arbitrales, mediante el procedimiento de traslado de partidas.
La versión aprobada en comisión establece expresamente que el ministerio podrá autorizar y gestionar directamente los pagos con cargo a las asignaciones disponibles de esa institución.
Si los recursos resultan insuficientes, podrán tramitarse traslados de partidas o créditos adicionales conforme a los procedimientos establecidos en la ley.
Otro cambio, incorporado al artículo 329, establece un plazo máximo de 15 días hábiles para aprobar solicitudes ante el Sistema Nacional de Inversiones Públicas, siempre que las entidades hayan presentado todos los documentos y requisitos.
Si el término vence sin respuesta, la solicitud se entenderá aprobada y deberá otorgarse un código preliminar para continuar el trámite presupuestario mientras culmina la evaluación.
El pliego también modifica el artículo 350 para exigir factura y gestión de cobro en el registro de gastos devengados por servicios básicos.
La aprobación de la comisión corresponde al primer debate. El proyecto aún debe continuar su trámite ante el pleno de la Asamblea Nacional y, por ahora, de acuerdo con varios diputados, no hay fecha para su segundo debate, pero, como recordarán, el pleno fue habilitado para sesionar el viernes 30 y sábado 31 de octubre.