Principio de especialidad en Odebrecht: La jueza decide este viernes si revive el debate

Panamá/En el quinto día de audiencia del caso Odebrecht, la defensa del expresidente Ricardo Martinelli volvió a poner sobre la mesa un argumento que, según fallos previos, ya fue tema debatido y fallado en la Corte Suprema de Justicia: el llamado principio de especialidad.

Durante la jornada del miércoles, el abogado Carlos Carrillo, abogado defensor del expresidente presentó más de diez pruebas extraordinarias, entre las que destacó una certificación de la Cancillería fechada en julio de 2024. En ella —según expuso la defensa— se indica que no existe constancia de una solicitud formal por parte del Ministerio Público para el "levantamiento del principio de especialidad" en el caso Odebrecht, con excepción de una gestión realizada por la Fiscalía Especializada en Delitos de Propiedad Intelectual y Crimen Organizado.

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Carrillo insistió en que en el Ministerio de Relaciones Exteriores, también conocida como Cancillería, "no consta autorización" alguna para levantar dicho principio respecto a su representado, afirmado que Martinelli fue traído al país bajo extradición, con el principio de especialidad vigente. Como respaldo, presentó también una nota de la Embajada de Panamá en Estados Unidos relacionada con este tema.

A esto se sumó una segunda prueba: una nota del Ministerio de Gobierno fechada el 21 de octubre de 2025, en la que la Oficina de Ejecución de Tratados de Asistencia Legal Mutua certifica que, desde el 31 de enero de 2025 hasta la fecha, no ha recibido solicitudes del Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales vinculadas al caso Odebrecht.

Sin embargo, el planteamiento de la defensa choca con una realidad jurídica ya definida tanto en Panamá como en Estados Unidos. El principio de especialidad que impedía juzgar a Martinelli por delitos distintos a aquellos por los que fue extraditado desde EEUU fue cerrado de manera definitiva. Cortes de ambos países concluyeron que dicho principio no lo protege en procesos posteriores.

Este punto fue clave en el caso New Business, donde el expresidente fue condenado en mayo de 2025. En ese proceso, la defensa sostuvo el mismo argumento: que no se podía juzgar a Martinelli por hechos ocurridos antes de su extradición en 2018 sin una solicitud formal de levantamiento del principio de especialidad. No obstante, en octubre de 2025, la Corte Suprema de Justicia de Panamá rechazó dos demandas de inconstitucionalidad contra la orden de indagatoria y la condena por el caso New Business, manteniendo la condena y descartando la supuesta violación del tratado de extradición bajo el principio de especialidad.

La Procuraduría General de la Nación, en su momento, sobre estos dos últimos recursos, sostuvo que el principio de especialidad no fue vulnerado y que no existe evidencia de que dicho levantamiento fuera jurídicamente necesario, señalando además que la sentencia está ejecutoriada (New Business).

Expertos en derecho internacional han reiterado que el principio de especialidad no es un derecho personal del extraditado, sino un acuerdo entre Estados. Se trata de un convenio de Estado a Estado, y en el caso de Martinelli, fue el propio Estado requerido que, en el marco del proceso, renunció a su aplicación. En otras palabras, Martinelli no fue protegido por una figura individual, sino que fue trasladado bajo una decisión soberana entre gobiernos.

Ahora, será la jueza Baloisa Marquínez , del Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales, quien tenga la última palabra sobre esta prueba extraodrinaria que vuelve a traer al escenario, ahora en el juicio Odebrecht, el "principio de especialidad" para Martinelli. Este viernes, la jueza deberá decidir si admite o no los nuevos elementos probatorios expuestos el miércoles por la defensa, y antes por la Fiscalía, una determinación clave para definir si el juicio avanza o si se abre un nuevo debate sobre un principio que, para la justicia panameña, ya está superado.

El caso Odebrecht es considerado la mayor trama de corrupción de América Latina. En Panamá, la Fiscalía Especial Anticorrupción tomó como base en su investigación la declaración de la constructora brasileña de haber pagado más de 59 millones de dólares en sobornos a funcionarios públicos y operadores políticos panameños, entre 2009 y 2014 para asegurar la adjudicación de contratos millonarios.