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El nuevo plan de manejo del Parque Nacional Volcán Barú desarrollado por el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) mantiene a los productores de la Asociación de la Comunidad Productora de Tierras Altas (Acpta) preocupados, debido a que en el documento se prohíbe terminantemente la actividad agrícola y otras actividades dentro del área protegida.
Se trata de decenas de familias y productores que residen en comunidades como Paso Ancho, Bella Vista, Las Cumbres, Alto Pineda, Bajo Grande, entre otras, que se verían afectados con las disposiciones contempladas en el nuevo plan que aún no ha entrado en vigencia.
Augusto Jiménez, representante de Acpta, explicó en Noticias AM que se trata de una situación compleja, ya que existen moradores que residen allí desde hace más de cuatro décadas, pero no es porque hayan invadido el Parque Nacional Volcán Barú, sino que mediante el decreto ejecutivo de 1976 del Ministerio de Desarrollo Agropecuario se instauró el lugar como parque nacional, creando el conflicto entre los moradores del lugar que no han podido obtener sus títulos de propiedad al tener sus terrenos dentro del área.
Jiménez indicó que la medida impactaría directamente a unas 100 hectáreas en el sector de Paso Ancho, donde hay alrededor de 2,000 residencias, así como a otras 300 hectáreas de producción agrícola en distintas zonas del parque. Advierten que esto representaría un fuerte golpe a la actividad agrícola de la región, conocida como una de las principales despensas del país.
En la zona, los terrenos han sido acondicionados por décadas para la siembra de hortalizas y otros cultivos, pese a sus condiciones naturales de origen volcánico y suelos poco fértiles.
Los productores defienden que su presencia ha contribuido a mantener la cobertura vegetal en áreas que originalmente eran desérticas, y reiteran su compromiso con la protección ambiental, rechazando prácticas como la tala de árboles, pero solicitando que se les permita continuar cultivando bajo un manejo responsable.
“El tema es que se ha interpuesto ante el Ministerio Público una serie de procesos por causar daño al medio ambiente y nos llamó profundamente la atención la incongruencia, toda vez que nuestro Código Penal tipifica que cuando se afectan humedades, cuencas geográficas, material científico, sitios arqueológicos, es donde se podría tener una posible causa de daño al medio ambiente. Pero aquí, al contrario, el delito que se está haciendo es producir”, expresó Jiménez.
Para tratar la situación, ayer jueves 7 de agosto, los productores se reunieron con representantes del Ministerio de Desarrollo Agropecuario y del Ministerio de Ambiente, a quienes solicitaron la suspensión temporal del nuevo plan de manejo.
A esa reunión realizada en Tierras Altas asistieron más de 400 personas, quienes esperan que pueda iniciarse un proceso de diálogo, en donde se pueda compatibilizar la conservación ambiental con la producción de alimentos. Ya fue entregada una nota formal al ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, para abordar la situación y los productores esperan ser convocados a una reunión para buscar una solución que respete la ley, proteja el medio ambiente y garantice la continuidad de la agricultura en la región.
Tomás Fernández, director de Áreas Protegidas de MiAmbiente, detalló que la implementación del plan de manejo está aún bajo evaluación y, tras el encuentro con los productores, acordaron establecer mesas de trabajo para analizar la situación.
“El 90% de la reunión que tuvimos ayer se basó en el nuevo plan de manejo que se elaboró en 2023 y nosotros estamos obligados a revisarlo, evaluarlo y hacerle las adecuaciones que le tengamos que hacer”, manifestó.
Aclaró que, aunque MiAmbiente haya hecho una contratación para realizar el documento, no significa que esa información directamente va a ser el plan, sino que la institución también realiza las evaluaciones y observaciones.
“Quedamos en tener diferentes mesas de trabajo para poder abordarlo”.
Según Fernández, los productores reconocieron el desorden del área, tanto de producción como en la construcción de viviendas, y son conscientes de que están dentro del área protegida.
Al ser consultado sobre si en efecto el plan prohíbe la producción agrícola, se limitó a contestar de manera específica, y señaló que el documento contempla zonificaciones de uso intensivo, extensivo y otras.
El funcionario detalló que también se está realizando un censo en el área de Paso Ancho y la información va cónsona con la información proporcionada por la Alcaldía de aproximadamente 60 y 50 productores solo en Paso Ancho. En la actualidad, el documento que rige es el plan de manejo del 2004.