Proponen castigar con cárcel creación y difusión de contenido falso con IA; Camacho busca permitir a funcionarios querellar

Ciudad de Panamá, Panamá/La discusión sobre el uso de la inteligencia artificial para crear y difundir contenido falso abrió un debate adicional en la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional: el diputado de Realizando Metas, Luis Eduardo Camacho, anunció que propondrá modificar la legislación vigente para permitir que los servidores públicos puedan ejercer acciones penales por los delitos de calumnia e injuria.

La propuesta surgió durante el prohijamiento del anteproyecto de Ley N.° 51, presentado por la diputada Dana Castañeda, que plantea modificaciones al Código Penal en materia de delitos contra el honor en contra de particulares.

El proyecto busca nuevamente establecer penas de entre tres y seis años de prisión para quienes creen y difunden contenido falso utilizando inteligencia artificial u otras tecnologías, cuando este tenga la capacidad de afectar la honra o dignidad de una persona.

La iniciativa contempla sancionar a quienes, mediante inteligencia artificial, clonación de voz, manipulación de imágenes o tecnologías similares, creen, alteren y difundan contenido digital que reproduzca el rostro, la voz o la apariencia de una persona real sin su consentimiento.

Esta iniciativa trae nuevamente el debate sobre la penalización con cárcel de los delitos contra el honor.

Desde las reformas al Código Penal en 2007, a los delitos de calumnia e injuria, se le establecieron penas de días multas que van desde los 60 hasta los 180 días multas y no contempla penas de prisión.

Camacho plantea permitir a funcionarios querellar penalmente

En medio de la discusión, Camacho anunció que propondrá incorporar al proyecto la eliminación de la disposición que actualmente impide a los servidores públicos presentar acciones por calumnia e injuria en determinadas circunstancias.

La propuesta recibió el respaldo del presidente de la Comisión de Gobierno, Benicio Robinson, quien consideró necesario que quienes difundan información falsa enfrenten consecuencias.

“Lo que a mí me gustaría saber es que si alguien se atrevió a decir una falsedad en redes, lo que sea, que pague por eso”, manifestó Robinson.

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El planteamiento abre discusiones sobre los límites entre la protección del honor, el uso de nuevas tecnologías y el ejercicio de la libertad de expresión, particularmente cuando se trata de funcionarios y figuras públicas.

Cuando...los supuestos ofendidos sean uno de los servidores públicos de que se trata el artículo 304 de la Constitución Política, funcionarios de elección popular o gobernadores, no se impondrá la sanción penal, lo cual no excluye la responsabilidad civil derivada del hecho", plantea el artículo 196 de Código Penal

La Constitución por su parte se refiere desde el presidente de la República y ministros, directores, gerentes y jefes de entidades autónomas, magistrados, procuradores, el contralor, directores de estamentos de seguridad y funcionarios de manejo que quedan excentos de presentar querellas penales por calumnia e injuria; además de los ya citados en el Código Penal.

Proyecto busca frenar contenido creado con IA

Castañeda explicó que la iniciativa surge ante el aumento de casos en los que la inteligencia artificial es utilizada para suplantar la voz o imagen de personas y difundir mensajes que nunca pronunciaron.

La propia diputada aseguró haber sido víctima de esta práctica, luego de que su voz y la del gobernador de Coclé fueran utilizadas para hacer circular un audio que aparentaba ser una conversación o declaración real.

“Este proyecto de ley lo que persigue simplemente es traer orden y, sobre todo, traer una norma que no existe en nuestra legislación para frenar esto”, afirmó Castañeda.

La diputada rechazó que la propuesta busque limitar la libertad de expresión y sostuvo que debe existir una diferencia entre ejercer ese derecho y utilizar las plataformas digitales para causar daño.

Piden precisar el alcance de la iniciativa

La diputada de Vamos, Walkiria Chandler, consideró que el proyecto puede ser perfeccionado antes de avanzar en su discusión.

Chandler señaló que se debe definir con mayor precisión qué se entenderá por contenido digital manipulado y establecer claramente el ámbito de aplicación de la norma, para evitar interpretaciones que puedan generar conflictos con otros derechos.

El anteproyecto fue prohijado con ocho votos a favor y una abstención, de la diputada de Vamos, Alexandra Brenes, por lo que continuará su trámite legislativo en la Asamblea Nacional.

El debate ahora no solo se centrará en cómo sancionar el uso de inteligencia artificial para suplantar a personas y afectar su honra, sino también en si la nueva legislación debe modificar las reglas que actualmente aplican a los servidores públicos frente a posibles casos de calumnia e injuria.