Proponen tribunal de arbitraje para agilizar reclamos contra empresas eléctricas

Las constantes quejas por el aumento en las facturas de electricidad y los prolongados procesos para resolver reclamos reavivaron el debate sobre la necesidad de modificar la legislación que regula el servicio de distribución eléctrica en Panamá. En ese contexto, organizaciones de consumidores anunciaron que volverán a presentar un proyecto de ley que busca agilizar la atención de las quejas y fortalecer la participación de los usuarios en las decisiones del sector.

Giovanni Fletcher, presidente del Instituto Panameño de Derechos de Consumidores (Ipadecu), explicó que la iniciativa, presentada en varias ocasiones ante la Asamblea Nacional sin éxito, plantea dos reformas principales al marco legal del servicio de distribución eléctrica.

La primera consiste en crear un sistema de arbitraje de consumo para resolver, en una audiencia única, las controversias entre los usuarios y las empresas distribuidoras. Según Fletcher, el mecanismo reduciría los tiempos de espera, que actualmente pueden extenderse por varios años entre trámites administrativos y procesos judiciales, además de permitir que las indemnizaciones por daños a electrodomésticos o cobros indebidos se paguen de forma más expedita.

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La segunda propuesta contempla la creación de un consejo asesor dentro de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (Asep), integrado por representantes de los consumidores y otros sectores, con el objetivo de que puedan participar en la discusión de las decisiones regulatorias antes de que sean adoptadas. Fletcher sostuvo que actualmente los pequeños y grandes consumidores carecen de representación en ese proceso.

De cara al proceso de renovación de las concesiones de las empresas distribuidoras previsto para 2028, Fletcher afirmó que el marco legal también debe incorporar herramientas que permitan al Estado actuar con mayor firmeza frente a incumplimientos de las concesionarias. A su juicio, la Asep ya cuenta con facultades suficientes para fiscalizar, pero hace falta que la legislación contemple la posibilidad de resolver unilateralmente las concesiones cuando existan incumplimientos graves en la prestación del servicio.

El dirigente adelantó que el proyecto será presentado nuevamente ante la Asamblea Nacional, con la expectativa de que esta vez sea considerado dentro de la discusión de las reformas al sector eléctrico.

"Es necesario y urgente que los consumidores tengamos parte del control de nuestro destino en todos los servicios públicos", concluyó Fletcher.