Jefa de la bancada Vamos critica trámite exprés de ley que favorecería a investigados en casos de corrupción

Ciudad de Panamá, Panamá/La jefa de la bancada independiente Vamos, la diputada Janine Prado, cuestionó la rapidez con la que la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional abordó la propuesta que concede amnistía a los condenados por blanqueo de capitales en los casos Blue Apple y New Business, así como eximir de toda responsabilidad penal a los imputados por el caso Odebrecht, quienes ni siquiera han sido enjuiciados.

Aseguró que hubo un “paso expedito” para esa iniciativa, que solo con un día de presentada ya se estaba analizando en una comisión, cuando en esa instancia legislativa —a cargo del diputado Luis Eduardo Camacho— hay propuestas que reposan desde 2024, como el proyecto antibotellas, además de más de 15 proyectos de la bancada de Vamos enfocados en la lucha contra la corrupción.

“La amnistía debe ser por delito político; aquí no hay ningún delito político. Esto es inadmisible, además tiene visos de inconstitucionalidad y tiene que ser inaceptable. Nuestra Constitución señala que no hay ni fueros ni privilegios para nadie”.

Prado se pregunta qué mensaje se le manda a aquella persona que se robó una iguana y le dieron cinco años de prisión. “No tiene este tipo de privilegio”.

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Rechazó la propuesta y criticó que se pretenda aprobar a través de la Asamblea Nacional sin que el presidente de la República le dé su aval. Y es que la propuesta establece, además, la adición del artículo 207-A a la Ley 49 de 1994, que modifica el Reglamento Interno de la Asamblea.

Dicho artículo reza así: “Cuando el Presidente de la República no sancione una ley dentro del término constitucional para ello, sin que haya presentado ninguna objeción, la misma será sancionada y promulgada por el Presidente de la Asamblea Nacional con la firma del Secretario General en la Gaceta Oficial o en la página web de la Asamblea Nacional. Si en la Gaceta la misma no se ha publicado dentro de los tres días siguientes a su recibo, para tales efectos el Secretario General certificará la ausencia de sanción por el Órgano Ejecutivo o de publicación”.

Aunque la propuesta solo se presentó —mas no se prohijó ni aprobó en primer debate—, el presidente de la comisión, el diputado de Realizando Metas, Luis Eduardo Camacho, anunció que el próximo lunes seguirían con el tema.

Entre los proponentes hay diputados de todas las bancadas: Partido Revolucionario Democrático, Partido Panameñista, Realizando Metas, Alianza, Cambio Democrático; con excepción de Vamos y el Movimiento Otro Camino, que han cuestionado la propuesta.

La propuesta tendría nombre y apellido, entre los que se incluye al expresidente Ricardo Martinelli y al expresidente Juan Carlos Varela. La diputada, además, señaló que esta propuesta se presenta justo en un momento donde están ocurriendo tantas cosas importantes en el país.

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Esta sería la segunda vez que, en la Asamblea, se presenta una propuesta que intenta, a través de una ley, liberar al expresidente Martinelli, condenado a una pena de 128 meses de prisión por blanquear los fondos utilizados para adquirir las acciones de Editora Panamá América en 2010, cuando era gobernante (caso New Business).

Precisamente, ayer el diputado perredista Jairo “Bolota” Salazar dejó claro que esa propuesta nació de él, como amigo de Ricardo Martinelli.

¿Qué dice la propuesta?

La iniciativa, de seis artículos, cuenta —según el diputado Salazar— con el apoyo de 41 diputados de varias bancadas, incluyendo sus copartidarios del PRD, así como miembros de Realizando Metas, Cambio Democrático y el Panameñismo. Señala en su artículo 1 que:

“Se concede amnistía general a favor de las personas sentenciadas o que estén procesadas, o resulten procesadas, dentro de los casos identificados como New Business, por la compra del grupo Editorial Panamá América, S.A. (Epasa); el denominado caso Odebrecht; y a las personas procesadas o sentenciadas en el caso Blue Apple”.

Cabe recordar que en el caso Odebrecht también está imputado el expresidente Juan Carlos Varela.

Otro artículo indica que todo funcionario del Órgano Judicial o del Ministerio Público —sea magistrado, juez o fiscal— que tenga conocimiento o competencia sobre alguno de estos tres casos deberá ordenar la libertad inmediata de aquellos que se encuentren cumpliendo condena de prisión o bajo detención preventiva. Asimismo, deberá declarar la extinción de las penas principales y accesorias, y ordenar el archivo del caso.

La amnistía se entenderá como una gracia o “perdón penal” decretado por la Asamblea Nacional. Con la declaratoria de amnistía se extinguiría la pena principal y las accesorias.

Se establece que el “delito político” —según el anteproyecto— se define como toda “acción” del Ministerio Público en contra de algún miembro del gabinete de Martinelli, quien gobernó del 1 de julio de 2009 al 30 de junio de 2014, aunque el anteproyecto de Salazar menciona las investigaciones iniciadas “dentro del periodo constitucional de julio de 2010 hasta junio de 2015”.

El beneficio se extiende a toda persona que haya trabajado en la administración del expresidente:

“Los miembros dentro de la administración política constitucional de julio del año 2010 hasta junio de 2015, que fueron investigados, procesados y sancionados o cuyos procesos aún están pendientes, a quienes, en violación de convenios internacionales ratificados por el Estado panameño, los fiscales del Ministerio Público o jueces del Órgano Judicial no les garantizaron o les impidieron el derecho a contrainterrogar a los testigos de cargo, como se hizo en los casos New Business, Odebrecht y Blue Apple”.

Añade que: “Los procesos iniciados, seguidos, en trámite o vigentes contra personas que, en virtud de convenios internacionales, convenciones, tratados u otros instrumentos internacionales, han sido consideradas como perseguidas políticas por otro Estado u organismo internacional”, también quedarían cubiertos.