Jelou!
En vivo
Ciudad de Panamá/El Ministerio Público presentó el Protocolo Patricia, una nueva herramienta diseñada para estandarizar, profundizar y garantizar el éxito de las investigaciones de femicidios en Panamá.
El documento lleva este nombre en honor a Patricia Soledad Osa Sánchez, fiscal que dedicó 17 años de su vida al Ministerio Público y al incansable acompañamiento de víctimas de violencia de género.
Según explicó Delia de Castro, fiscal superior del Instituto Superior de Formación de Fiscales, la iniciativa surge para actualizar la metodología de pesquisa. Aunque desde 2014 se usaba un modelo regional de ONU Mujeres, las autoridades necesitaban un instrumento ajustado a la realidad local.
El objetivo central es prevenir la impunidad y evitar que los casos se caigan en los tribunales por falta de pruebas. Además, busca prevenir la normalización de la violencia contra la mujer, garantizando que cada asesinato sea tipificado correctamente bajo el artículo 132A del Código Penal.
Por su parte, Jorge Ferguson, fiscal superior de la Sección de Homicidios y Femicidios, detalló que la nación registra actualmente 13 casos de femicidios íntimos, cometidos en el contexto de relaciones de pareja o de confianza.
El fiscal Ferguson destacó que el cien por ciento de estas causas ya cuenta con responsables identificados, aunque advirtió un incremento de cuatro casos respecto al año 2025.
Ferguson explicó que el protocolo también busca prevenir que otros asesinatos de mujeres pasen desapercibidos como homicidios simples. La herramienta abarca modalidades como los crímenes por "pase de factura" o aquellos vinculados a redes de trata de personas.
Asimismo, busca superar las dificultades de investigación que surgen cuando el agresor es quien aporta el sustento económico, una dinámica que suele silenciar a las víctimas en la intimidad del hogar.
Más que agilizar los tiempos, el Protocolo Patricia apunta a la calidad probatoria. Los fiscales buscan contar con una guía clara sobre qué elementos acopiar y cómo litigar con perspectiva de género y derechos humanos. Esto es fundamental para que los jueces conozcan a fondo las dinámicas de poder, asegurando condenas de 25 a 30 años de prisión y brindando una respuesta real a la sociedad.