Contraloría realizará auditoría posterior de los fondos del estado de emergencia, señala Icaza

Macaracas, Los Santos/El secretario de Metas, José Ramón Icaza, afirmó que la Contraloría General de la República realizará una auditoría posterior de los fondos destinados a atender la emergencia provocada por el terremoto del pasado 9 de octubre, como parte de los mecanismos establecidos para fiscalizar el uso de los recursos públicos.

Durante una entrevista en Mesa de Periodistas Especial, Icaza explicó que la resolución que declara el estado de emergencia contempla una comisión de alto nivel encargada de fiscalizar el manejo de los fondos, además de la intervención de la Contraloría.

“Sabemos que se han dado cuestionamientos en gobiernos anteriores en el uso de fondos de estado de emergencia, donde no ha habido transparencia. Por esa razón, en la resolución que declara el estado de emergencia se estableció una comisión de alto nivel que le corresponde fiscalizar, al igual que la Contraloría, que estipula que será la Contraloría a quien le corresponde el audito posterior”, indicó el funcionario.

Icaza también explicó que el Gobierno contempla crear un fideicomiso en el Banco Nacional con fondos públicos correspondientes a las vigencias fiscales de 2026 y 2027. Según señaló, este mecanismo busca facilitar los pagos a los contratistas encargados de los trabajos necesarios para atender la emergencia, sin poner en riesgo el techo de la responsabilidad fiscal.

Fondos de descentralización para necesidades urgentes

Sobre los recursos de descentralización que se habilitarán para los gobiernos locales, Icaza aclaró que estos no forman parte de los 100 millones de dólares destinados al estado de emergencia.

El funcionario detalló que se contempla habilitar 10 mil dólares por representante de corregimiento y 20 mil dólares por alcalde, para atender las necesidades más apremiantes de las comunidades afectadas.

“Lo que se está haciendo es habilitar 10 mil dólares por representante y 20 mil por alcalde. Esto no es de ahora, se viene trabajando a través de la Asociación de Municipios de Panamá (Amupa), la Contraloría y el MEF, y se creó una contabilidad digital donde vamos a tener visibilidad de cada uso de esos fondos y poder darle la fiscalización correspondiente”, recalcó.

Puedes leer: Restablecen suministro eléctrico en Isla Cañas tras daños causados por el sismo

Icaza insistió en que estos recursos están destinados a atender necesidades inmediatas de los habitantes de cada distrito y corregimiento, mientras que las obras de reconstrucción serán financiadas por el Gobierno central.

“Esos fondos son para atender a los habitantes de su distrito o de su corregimiento; son para primera necesidad. Todo lo que es el proceso de reconstrucción vendrá del Gobierno central. No son para reconstruir, son para atender las necesidades más apremiantes”, declaró.

Gobierno busca soluciones para las familias afectadas

A nueve días del terremoto que afectó principalmente la región de Azuero y dejó una víctima fatal, Icaza destacó el número reducido de heridos registrado tras el movimiento sísmico.

“Lamentablemente, un fallecimiento y el número de heridos muy bajo para un sismo de esta magnitud”, manifestó durante la entrevista.

El secretario de Metas indicó que la respuesta gubernamental se desplegó a nivel nacional para brindar asistencia médica, alimentación y artículos de primera necesidad a las familias afectadas. También señaló que se trabaja en mejorar las condiciones de los albergues para ofrecer un techo seguro a quienes no pueden regresar a sus viviendas.

Icaza explicó que las casas presentan distintos niveles de afectación y que cada caso debe evaluarse para determinar si es posible realizar reparaciones que permitan a sus ocupantes regresar o si deben permanecer temporalmente en albergues.

“Dormir en albergues o fuera de sus casas es una solución inmediata, pero no es una solución sostenible. Tenemos que buscar una solución para garantizar la calidad de vida de esas personas”, expresó.

De acuerdo con cifras del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), unas 24 mil personas han sido evaluadas tras la emergencia.

Mientras avanzan las evaluaciones y la atención a las comunidades, el Gobierno mantiene como parte de sus tareas la asistencia a las familias damnificadas y la planificación de las medidas necesarias para la recuperación y reconstrucción de las zonas afectadas.