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Panamá/La Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) decidió no admitir la solicitud de suspensión provisional de los efectos de la resolución que aprobó el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del Proyecto Puerto Barú, que se pretende desarrollar en David, provincia de Chiriquí.
La decisión, contenida en el edicto No. 1701 fechado el 22 de julio de 2025, pero publicado ayer se deriva de la demanda contencioso-administrativa de nulidad presentada por la firma Cornejo Robles y Asociados, en representación de Martita Cornejo Robles y Manuel Alejandro Ruiz Cornejo.
En esta acción legal, los demandantes solicitan que se declare nula por ilegal la Resolución DEIA-IA-0003-2024, emitida el 16 de enero por el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente), mediante la cual se aprobó el EIA del proyecto portuario.
La decisión judicial fue firmada por los magistrados María Cristina Chen Stanziola, Carlos Alberto Vásquez Reyes y Cecilio Cedalise Riquelme, con la secretaria Katia Rosas certificando la notificación.
El edicto fue fijado el 24 de julio en la Secretaría del tribunal por un periodo de cinco días hábiles.
Cornejo, conocida por su papel en la demanda de inconstitucionalidad contra el contrato-ley minero 406, sostiene que la aprobación del proyecto es ilegal ya que se pretende ejecutar dentro de un área protegida. Los Manglares de David fueron declarados zona protegida por el Acuerdo Municipal No. 21 de 2007, emitido por el Consejo Municipal del distrito de David.
El expediente del EIA, según consta, incluye observaciones de la Sección de Áreas Protegidas y Biodiversidad de Chiriquí, advirtiendo que la ejecución del proyecto podría afectar los servicios ecosistémicos que ofrecen los manglares, considerados hábitats esenciales para la reproducción, alimentación y tránsito de fauna.
Aunque la Corte no accedió a suspender provisionalmente los efectos de la resolución, la demanda de nulidad continúa su curso legal. Cornejo y sus representados buscan que el máximo tribunal anule la aprobación del EIA en su totalidad, con el argumento de que se violan normas de protección ambiental.
De acuerdo con Cornejo, la Corte ya dio traslado a la Procuraduría para que emita su opinión sobre la demanda, la cual fue admitida.
Lo que viene ahora es toda la etapa en la que ambos demandantes, tanto el Centro de Incidencia Ambiental como nosotros, vamos a presentar nuestras pruebas. Después también se le dará traslado al promotor del proyecto, que se llama Puerto Barú, y nosotros, en su momento, presentaremos en la etapa probatoria las pruebas con las que sustentaremos nuestro caso. Ya varias han sido incorporadas al expediente, pero aún tenemos peritajes, informes técnicos y otros documentos por presentar”, dijo Cornejo a TVN-2.com
Así las cosas, la controversia sobre el proyecto Puerto Barú promete mantenerse en el centro del debate entre desarrollo económico y conservación ambiental en la región occidental del país.