Reabren vías en Bocas del Toro, manifestantes llegan a acuerdos
El acuerdo marca un paso importante hacia la normalización del transporte y las actividades económicas en esta región clave del país, afectada por las recientes protestas.
Tras más de dos meses de tensión, disturbios y cierre de vías, las comunidades que mantenían bloqueados los distintos puntos de la carretera hacia Bocas del Toro finalmente alcanzaron un acuerdo con las autoridades y decidieron reabrir los accesos.
El diálogo sostenido en el corregimiento de Chiriquí Grande entre representantes del Gobierno, líderes comunitarios y actores locales culminó con un entendimiento entre las partes. Las comunidades de Pueblo Nuevo, El Guabo, Cañazas, Malí y Alto del Valle acordaron levantar las protestas y permitir el restablecimiento del tránsito vehicular en la zona.
Los propios residentes iniciaron las labores de limpieza de la vía para facilitar el paso, mientras que autoridades locales como el alcalde de Chiriquí Grande, Alex Wrigth, y el representante de Punta Peña, Yimi Del Cid, participaron activamente en las negociaciones.
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El proceso de diálogo contó también con la mediación de líderes religiosos, como los pastores Luis Morales y Ceferino Quintero, quienes ayudaron a acercar posiciones entre los dirigentes de los bastiones de lucha y el Gobierno.
El acuerdo marca un paso importante hacia la normalización del transporte y las actividades económicas en esta región clave del país, afectada por las recientes protestas.
Protestas y violencia
Las protestas en Bocas del Toro ajustaron dos meses el pasado 28 de junio, cuando aún se mantenía el estado de urgencias vigente en la provincia. La medida inició en rechazo a la Ley 462 que reforma la Caja de Seguro Social; sin embargo, alrededor de esta razón convergieron otros intereses, como, por ejemplo, los trabajadores del sector bananero que exigían la modificación y reglamentación de la Ley 45, algo que se logró, pero el dirigente Francisco Smith, al igual que otros sindicalistas, terminó detenido en la cárcel La Mega Joya.
Además, el movimiento social fue usado por miembros de pandillas para sembrar el caos y la inestabilidad, vandalizando infraestructura gubernamental y comercios privados, lo que llevó a las autoridades a decretar un estado de emergencia y suspender las garantías constitucionales por 10 días, periodo que culminó este lunes 30 de junio a las 12:01 de la madrugada.
