Reformar la Ley 6 de Transparencia, una opción para obligar la publicación de pagos de viáticos y auxilios económicos

Ciudad de Panamá, Panamá/Modificar la Ley 6 de 2002, que establece normas para la transparencia en la gestión pública, para hacer obligatoria la publicación de pagos de viáticos, ampliar el alcance de la acción de habeas data y regular los polémicos auxilios económicos, es una de las propuestas que llegó al pleno de la Asamblea Nacional.

Aunque la Ley 6 ya establece la publicación de ciertos datos claves como planillas y otros, el diputado de la bancada de Vamos, Betsarai Richards, quien impulsa la propuesta, recordó que los monitores de transparencia en los sitios web de las instituciones, por parte de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai), demuestran que pocas entidades cumplen con mantener la información accesible y actualizada para la ciudadanía.

La Ley de Transparencia requiere fortalecerse y lograr un cumplimiento efectivo y consistente de sus objetivos”, dijo Richards.

La propuesta de Richards pretende aclarar y establecer “el ámbito de aplicación de la ley y la obligatoriedad para todas las instituciones del Estado de cumplir con todo lo establecido en la misma”, afirmó el diputado.

Por ejemplo, las entidades que otorguen becas, subsidios, auxilios económicos, ayudas o apoyos de cualquier tipo, financiados total o parcialmente con recursos públicos, deberán “publicar trimestralmente” en sus respectivos sitios web los nombres completos de los beneficiarios y el monto otorgado a cada uno. Además, se prohibirá que se oculte o se impida el acceso a la información relacionada con los beneficiarios de estos programas o con los montos entregados a cada uno de ellos.

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La propuesta también plantea modificar el artículo 11 para que las instituciones publiquen en sus respectivos sitios web, de manera “inequívoca”, “mensualmente”, la información relativa a la contratación y designación de funcionarios, ya sean permanentes, temporales o transitorios; las planillas; los gastos de representación; los costos de los viajes; y los pagos en concepto de emolumentos, viáticos, combustible, dietas, sobresueldos, bonificaciones y otros conceptos para los funcionarios de cualquier nivel y/o para otras personas que desempeñen funciones públicas.

Además, se adiciona un artículo para que se publique la información sobre los actos de contratación de consultores y servicios profesionales; los contratos de asociaciones público-privadas; los pagos en concepto de consultorías y servicios profesionales; los contratistas y subcontratistas; los pagos realizados a contratistas en concepto de actos públicos adjudicados y el tipo de contratación; así como los contratos, adendas y modificaciones. Todo esto deberá ser accesible para la ciudadanía.

Actualmente, los artículos 10 y 11 de la Ley No. 6 de 2002 establecen que “el Estado debe informar a quien lo requiera sobre el funcionamiento de las instituciones, decisiones adoptadas, proyectos, estructura y ejecución presupuestaria, estadísticas, presupuesto institucional, programas desarrollados y actos públicos relativos a contrataciones.

Además, deben mantener de libre acceso la información sobre la contratación y designación de funcionarios, planillas, gastos de representación, costos de viajes, emolumentos o pagos en concepto de viáticos, y otros, de los funcionarios de cualquier nivel y/o de otras personas que desempeñen funciones públicas”.

Sin embargo, algunas instituciones se valen de otras normativas para no entregar la información o para ocultar detalles.

Richards también manifestó que se busca modificar el artículo 17 para ampliar el alcance de la acción de habeas data, permitiendo hacer valer el derecho de acceso a la información pública cuando el funcionario público responsable no haya cumplido con la publicación de dicha información en la forma establecida por la Ley, conforme a lo dispuesto en el artículo 44 de la Constitución.

No es la primera vez que se presenta en la Asamblea Nacional una propuesta para modificar la Ley 6. En septiembre de 2023, organizaciones, gremios y la Corte Suprema de Justicia rechazaron el proyecto 1031, que derogaba la Ley 6 de 2002 y otorgaba a la Antai poderes equivalentes a los de los órganos del Estado.

Esta propuesta, impulsada por el Ejecutivo a través de la Antai, permitía la opacidad en la transparencia, ya que blindaba la información de los beneficiarios de programas sociales y becas, invocando la Ley 81 de 2019 sobre protección de datos personales.

Recientemente, la nueva presidenta de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa, Giulia De Sanctis, manifestó que Apede apostará por la transparencia y la institucionalidad, apoyando la promoción de una nueva ley de transparencia.

La propuesta presentada por el diputado Richards deberá ser debatida en la Comisión de Gobierno, instancia legislativas que ya cuenta con una agenda de más de 20 anteproyectos de ley.