Cancillería sobre salvoconducto a Saúl Méndez: 'Se concedió con respeto y apego a los principios del derecho internacional'
Saúl Méndez obtuvo refugio tras dos meses asilado en la embajada boliviana, en medio de una crisis que involucra estafas millonarias.
Ciudad de Panamá, Panamá/La Cancillería de Panamá anunció este sábado 19 de julio que otorgó el salvoconducto a Saúl Méndez, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs), por solicitud del Estado Plurinacional de Bolivia.
"El Ministerio de Relaciones Exteriores otorgó un salvoconducto por solicitud del Estado Plurinacional de Bolivia al ciudadano Saúl Méndez. El salvoconducto se concedió con respeto y apego a los principios del derecho internacional y por las fuentes de derecho invocadas por el Estado solicitante", cita un escueto comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá, posteado en sus redes sociales.
Este sábado se conoció que Bolivia otorgó asilo a Méndez, quien estuvo refugiado en la embajada de este país en Panamá desde el 21 de mayo, luego de saltar la cerca del recinto diplomático, cuando enfrentaba una orden de aprehensión de la Fiscalía contra la Delincuencia Organizada por presunta estafa agravada relacionada con terrenos en Isla Bastimentos, Bocas del Toro.
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Pasadas las 2:30 p.m., Méndez salió a bordo de un vehículo de la Embajada de Bolivia, escoltado por la Policía Nacional hacia el aeropuerto de Tocumen, desde donde viajó hacia Santa Cruz, Bolivia.
El escándalo de los terrenos millonarios
La investigación penal, que inició en 2022, se originó por una querella presentada por extrabajadores del proyecto Red Frogs. El caso involucra el manejo de fondos destinados a 412 obreros que participaron en una huelga declarada legal, quienes tenían derecho a recibir más de 7 millones de dólares según una sentencia judicial de agosto de 2011.
Sin embargo, en marzo de 2022 se firmó un acuerdo extrajudicial entre el Suntracs y la empresa Pilar Construction por apenas 3 millones de dólares, pagaderos en efectivo o mediante la entrega de 14 fincas en Bocas del Toro. Los activos del sindicato se extendieron hasta incluir cerca de 15 lotes de 2,000 metros cuadrados cada uno en Isla Bastimentos.
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Caso Genaro López y Erasmo Cerrud
Mientras tanto, Genaro López, exsecretario del Suntracs quien dirigió la organización entre 1990 y 2010, se mantiene en arresto domiciliario con brazalete electrónico e impedimento de salida del país, luego que el Tribunal de Apelaciones cambiara su detención provisional el 5 de junio.
López se entregó de forma voluntaria el 22 de mayo y enfrenta cargos por estafa agravada, asociación ilícita, blanqueo de capitales y falsedad de documentos. Su abogado, César Ruiloba, celebró la decisión judicial, señalando que tendrán oportunidad de demostrar la realidad del expediente.
Los delitos imputados a los dirigentes sindicales podrían acarrear penas superiores a los 20 años de prisión. El caso también involucra a Erasmo Cerrud, otro dirigente del Suntracs, quien recibió asilo de Nicaragua el 18 de junio, luego que el Ministerio Público emitiera una orden de captura en su contra por el mismo caso.
Autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores confirmaron el 26 de junio que Nicaragua solicitó salvoconducto para Cerrud, pero indicaron que el gobierno panameño "está evaluando la situación".
Gobierno demanda disolución del sindicato
Por otro lado, el 17 de julio la ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Jackeline Muñoz, anunció que presentó una demanda para disolver el Suntracs ante los juzgados laborales.
"Suntracs usa la violencia como forma de manifestarse", declaró Muñoz en conferencia de prensa, argumentando que la dirigencia utilizó la organización para "manipular, extorsionar y otros medios de fuerza y violencia", alejándose de los fines sindicales legítimos.
La ministra citó como ejemplo los violentos enfrentamientos del 12 de febrero en la construcción del nuevo Hospital del Niño, donde una protesta derivó en enfrentamientos con la Policía Nacional que resultaron en 83 personas imputadas por delitos contra servidores públicos y el patrimonio.
"Esta medida es una defensa que desde nuestro rol hacemos, reafirmando nuestro compromiso con el fortalecimiento del sindicalismo responsable, democrático y representativo", justificó Muñoz.