El insólito caso de policías estafados por detenidos

El jueves 14 de julio continuó una diligencia judicial en la que se identificaron a más miembros de la banda de estafadores, que operaban desde los centros penitenciarios La Joya y La Joyita, y quienes realizaban sus fechorías a través de teléfonos celulares.

Los operativos también se realizaron en diverso sectores de la ciudad capital y en el distrito de La Chorrera, provincia de Panamá Oeste.

Las principales víctimas eran funcionarios de diversos estamentos de seguridad como la Policía Nacional (PN) y el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront).

Los detenidos, que se hacían pasar por miembros activos de las instituciones, prometían becas de estudios en el extranjero con el fin de adquirir un rango superior. Además, exigían un pago por adelantado y lograban que los afectados realizaran un desembolso de dinero, por medio de individuos que se encontraban fuera de estos centros.

La PN y la Fiscalía Auxiliar manifestaron que, aproximadamente, seis reclusos eran los cabecillas de esta red de crimen organizado, quienes cumplen condenas por privación de libertad y extorsión. Hasta el momento, se investigan a 16 personas por estar vinculadas a esta banda.

Tras que se hiciera de conocimiento público este caso, la viceministra de Gobierno, María Luisa Romero, señaló que están en espera de los resultados de la investigación que realiza el MP, ya que durante las diligencias realizadas en los centros La Joya y La Joyita se encontraron múltiples teléfonos móviles y objetos punzocortantes.

"Sabemos que hay muchos temas, como estos, dentro de las cárceles por eso es que estamos trabajando fuertemente para combatir la corrupción y el crimen organizado, que ha existido históricamente en nuestros centros penitenciarios", señaló Romero.

‘Esta situación es recurrente’

El exministro de Gobierno y Justicia, Severino Mejía, cuestionó la facilidad con la que los detenidos tienen acceso a teléfonos celulares y sugirió a las autoridades que se realice una reingeniería de los controles a los centros penitenciarios.

“Esto es muy grave, porque desde los centros, los pandilleros pueden estar dando órdenes para realizar actividades que tengan que ver con el tráfico de drogas, inclusive sicariato”, manifestó Mejía.

Además, señaló que las autoridades, en este caso particular el Ministerio de Gobierno, deben poner atención a este tema y determinar los motivos de esta situación. “El problema es cómo estos aparatos entran a las cárceles. Se supone que debe haber controles estrictos de la parte de la Policía Nacional, que es el primer anillo de seguridad externo”, agregó el exministro.

“Lo que está sucediendo, y es muy claro, es que hay una corrupción que muestra, que definitivamente, está corriendo dinero para facilitar el acceso”, destacó Mejía, quien señaló que esta situación es de “vieja data”.

Mejía recomendó que se instalen equipos que bloqueen las señales que se detecten en los centros, analizar los controles de acceso para evitar que estos aparatos puedan introducirse y que se realicen las investigaciones pertinentes para determinar cómo estos móviles han llegado a la mano de delincuentes.

Con datos de Hellen Concepción.