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Ciudad de Panamá/La reciente entrada en vigor de la ley que establece la lista pública del Registro de Ofensores Sexuales en Panamá fue un tema tratado este domingo 30 de noviembre en el programa Radar. Paulette Thomas, diputada de la Asamblea Nacional, y Melba Stanziola, psicóloga y especialista en Atención Penitenciaria, coincidieron en que esta medida es un avance histórico, pero subrayaron que, sin prevención, educación y rehabilitación efectiva, no logrará frenar la espiral de abuso sexual contra menores.
Paulette Thomas explicó que la reforma a la Ley 244 de 2021 eliminó el secreto que protegía la identidad de los condenados por delitos sexuales, convirtiendo la lista en un instrumento público de prevención.
“Ya no se trata solo de sancionar, sino de blindar a nuestros niños”, afirmó. Destacó que, aunque muchos ofensores ya cumplieron su condena, el daño que causan —especialmente a menores, personas con discapacidad o mujeres— trasciende el tiempo y exige vigilancia social.
La diputada Thomas insistió en que el acceso público permitirá a escuelas, clubes, familias y empleadores verificar antecedentes antes de contratar o vincular a alguien con menores.
“No se trata de estigmatizar, sino de proteger vidas”, aclaró. Sin embargo, reconoció que la ley por sí sola no basta: hace falta una campaña masiva de psicoeducación en hogares y escuelas para enseñar a los niños a identificar conductas inapropiadas y empoderarlos para decir “no” y denunciar, incluso cuando el agresor es un familiar o persona de confianza.
Thomas también alertó sobre patrones intergeneracionales de abuso, como el caso de madres adolescentes cuyas hijas repiten la misma historia. “Esto no es casualidad; son ciclos que debemos romper con educación y corresponsabilidad familiar”, señaló.
Desde la perspectiva clínica y penitenciaria, Melba Stanziola fue contundente:
La lista previene, pero no rehabilita. Y si no tratamos al ofensor, saldrá de prisión igual que entró… y volverá a delinquir”.
Stanzionla afirmó que el sistema penitenciario panameño no ofrece tratamiento psicológico real a los ofensores sexuales. Los pocos psicólogos y trabajadores sociales disponibles están ocupados en trámites administrativos para rebajas de pena, no en terapia.
“Panamá encierra, pero no reinserta”, lamentó Stanziola, quien recordó su experiencia dentro del sistema carcelario. Advirtió que los depredadores sexuales tienen perfiles complejos y, en muchos casos, una “naturaleza enferma” que los impulsa a repetir sus actos. “No basta con cárcel; necesitamos evaluaciones psicoforenses, investigación y protocolos clínicos individualizados”, propuso.
La especialista destacó la escasez crítica de recursos humanos: apenas dos psiquiatras forenses para todo el país. “¿Cómo podemos tratar a cientos de ofensores con esa capacidad?”, se preguntó. A su juicio, el problema no es solo legal, sino de voluntad política: “El Estado debe invertir en salud mental y en políticas de prevención basadas en ciencia, no en castigo simbólico”.
Tanto Thomas como Stanziola coincidieron en que la violencia sexual está profundamente arraigada en una sociedad que ha normalizado el abuso intrafamiliar. “No podemos seguir viendo esto como un asunto privado”, subrayó Stanziola. Thomas añadió que los docentes necesitan capacitación urgente para detectar señales de alerta y superar el miedo a la judicialización.