Ley antimafia en Panamá: Extinción de dominio, inteligencia y justicia ágil

Ciudad de Panamá/En el contexto del anuncio del presidente José Raúl Mulino de presentar en el futuro una ley antimafia inspirada en la Ley RICO de Estados Unidos, expertos en seguridad coinciden en que Panamá necesita una normativa moderna y adaptada a su realidad como país de tránsito criminal. Sus análisis, se dieron este domingo 23 de noviembre en el programa Radar.

Alejo Campos, director regional de Crime Stoppers, advierte que, aunque las leyes antimafia funcionaron en Europa y EE. UU., Panamá enfrenta un escenario distinto: “No produce cocaína, pero es epicentro de rutas criminales que incluyen trata de personas, tráfico de migrantes, comercio ilícito y criptoactivos”.

Para Campos, la norma debe perseguir estructuras, no personas, y ser holística: “Las mafias ya no son piramidales; reemplazar a un cabecilla no sirve si no se atacan sus activos”.

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Por eso, insiste en que la ley debe incluir un mecanismo robusto de extinción de dominio: “¿Qué sentido tiene encarcelar si sus empresas y bienes siguen operando? Hay que extinguir su esquema económico-criminal, no solo castigar a individuos”.

Crimen transnacional

Oriel Ortega, exdirector del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), refuerza la urgencia de actuar con herramientas actualizadas: “Las organizaciones criminales ya operan como empresas transnacionales”.

Ortega destaca que una futura ley debe permitir el decomiso temprano de bienes, sanciones más severas y la persecución de financistas, no solo ejecutores.

Además, el exdirector de Senafront recuerda que el crimen organizado en Panamá se vale de la geografía nacional para blanquear capitales y mover personas, por lo que se requiere cooperación internacional y apoyo financiero, como el propuesto por el Banco Interamericano de Desarrollo. “Las operaciones son costosas; sin recursos, ni la mejor ley funciona”, enfatiza.

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Voluntad política

Rolando Rodríguez, exfiscal superior especial, subraya que el éxito depende de la institucionalidad, no solo de la norma: “Una ley no es la solución si no hay voluntad política, recursos técnicos y personal capacitado”.

Señala que el sistema penal actual está desgastado y que los investigadores carecen de herramientas digitales básicas: “Algunas fiscalías aún cruzan datos en Excel”.

El exfiscal plantea que la ley debe incluir delitos cibernéticos y financieros, interceptaciones ágiles y protección real a investigadores, como en Italia, donde fiscales cuentan con escoltas y blindados.

También aboga por inteligencia estratégica: “Hay que adelantarse, no reaccionar”. Para él, la justicia debe actuar con rigor técnico para convencer a jueces sin violar derechos, porque “los jueces sí quieren trabajar, pero necesitan insumos sólidos”.

Los tres especialistas en Radar coinciden en un punto clave: la ley antimafia deberá actualizarse periódicamente —cada tres o cinco años— para seguir el ritmo de una criminalidad en constante evolución.