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Ley RICO de EEUU: la base del modelo que Mulino quiere adaptar en una propuesta antimafia
La intención del Ejecutivo, según sus declaraciones, es estudiar cómo estos modelos pueden aplicarse en Panamá para presentar una propuesta sólida ante la Asamblea Nacional. Sin embargo, la adaptación de una ley tan amplia como RICO u otros modelos similares de Europa implicaría desafíos significativos.
A más de cinco décadas de su promulgación, la Ley "Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act (RICO, por sus siglas en inglés)", que traducido al español es la Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por el Crimen Organizado de Estados Unidos, continúa siendo uno de los instrumentos jurídicos más contundentes en la lucha contra el crimen organizado.
Este jueves 20 de noviembre, el presidente José Raúl Mulino confirmó que su equipo está estudiando este modelo legal para estructurar una propuesta panameña, orientada a enfrentar organizaciones criminales que operan dentro y fuera del país.
Mulino explicó que ya busca asesoría internacional y revisa experiencias de países como Estados Unidos, Francia e Italia. Dentro de ese análisis, la mención explícita a RICO es especialmente significativa por el impacto histórico que ha tenido en el desmantelamiento de estructuras criminales complejas, especialmente en Nueva York durante los años 80, cuando la mafia italiana dominaba sectores económicos enteros.
La Ley RICO fue aprobada en 1970 en un contexto en el que el crimen organizado se infiltraba en sindicatos, negocios, construcción y puertos. Su elemento transformador fue permitir que fiscales imputaran a líderes criminales no solo por delitos directos, sino como responsables de dirigir o participar en una “empresa criminal”. Esto marcó un cambio radical: el sistema jurídico estadounidense podía perseguir la estructura, no solo a los ejecutores de crímenes aislados.
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El concepto de “patrón de actividad delictiva” fue determinante. Bastaba demostrar que miembros de una organización habían cometido al menos dos delitos graves en un periodo de diez años para justificar una acusación bajo RICO. Con ello, se abría la puerta a sanciones severas, incluyendo penas de hasta 20 años de prisión, decomisos de bienes y la posibilidad de presentar demandas civiles contra la organización criminal.
En Nueva York, la aplicación de la Ley RICO alcanzó su punto máximo con el llamado Juicio de la Comisión de la Mafia entre 1985 y 1986. El fiscal federal Rudolph Giuliani logró llevar al banquillo a los jefes de las poderosas cinco familias —Genovese, Gambino, Bonanno, Lucchese y Colombo— bajo el argumento de que conformaban una sola empresa delictiva que controlaba extorsión, asesinatos, negocios ilícitos y corrupción local.
Fue la primera vez que el sistema judicial estadounidense se atrevía a atacar a toda la cúpula mafiosa al mismo tiempo. El caso concluyó con condenas históricas, superiores a los 100 años de prisión para 7 de los acusados, debilitando como nunca antes a la Cosa Nostra [mafia italiana, proveniente de Sicilia, que se extendió a otras partes del mundo].
Además de la condena de 100 años de prisión, también se impuso una multa de $240 mil y $50 mil para Anthony "Bruno" Indelicato, quien fue el único de los acusados en ser condenado a 40 años de prisión, que sigue vivo y que fue liberado en 1998.
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El camino hacia una ley antimafia en Panamá
Los fiscales reconocieron que RICO brindó herramientas inéditas: permitía utilizar escuchas telefónicas, testimonios de colaboradores y evidencia financiera para demostrar la existencia de una estructura criminal coherente, más allá de delitos específicos. Esta visión integral del crimen organizado es, justamente, el tipo de enfoque que Mulino busca adaptar al contexto panameño.
La intención del Ejecutivo, según sus declaraciones, es estudiar cómo estos modelos pueden aplicarse en Panamá para presentar una propuesta sólida ante la Asamblea Nacional. Sin embargo, la adaptación de una ley tan amplia como RICO u otros modelos similares de Europa implicaría desafíos significativos.
El país necesitaría fortalecer la capacidad investigativa, la protección de testigos y el manejo de evidencias complejas, además de garantizar que la norma no se convierta en un instrumento susceptible a usos políticos o discrecionales.
Aun así, la referencia a RICO introduce en Panamá un debate importante: cómo construir un marco legal capaz de enfrentar a las organizaciones criminales con la misma contundencia con que Estados Unidos logró debilitar a una de las mafias más poderosas del siglo XX.
Si la propuesta avanza, será el inicio de una discusión profunda sobre las capacidades del Estado, las garantías procesales y el rumbo de la seguridad social, uno de los mayores retos que en la actualidad enfrenta el país.
¿Cómo operaba la Cosa Nostra?
Las organizaciones criminales que fueron golpeadas por la Ley RICO —especialmente las Cinco Familias de la mafia italiana en Nueva York— operaban bajo un modelo jerárquico y altamente estructurado que les permitía controlar actividades ilícitas a gran escala sin exponer directamente a sus líderes.
Estas familias mantenían un sistema piramidal compuesto por “jefes”, “subjefes”, “consiglieri”, “capos” y “soldados”, quienes ejecutaban delitos como extorsión, apuestas ilegales, préstamos usureros, tráfico de drogas y control de sindicatos. El diseño de estas redes garantizaba que las órdenes provinieran de la cúpula, pero los delitos fueran cometidos por subordinados, lo que históricamente dificultó responsabilizar penalmente a los cabecillas. [Exactamente como sucede en Panamá].
Además de su estructura vertical, estas organizaciones se infiltraban en sectores económicos y gremiales para asegurar ingresos constantes y protección institucional. Controlaban contratos de construcción, transporte, puertos, y sindicatos clave como Teamsters (Hermandad Internacional de Camioneros), utilizando amenazas, sobornos y violencia para mantener su dominio y controlar a los trabajadores. Este modelo les permitió operar durante décadas sin que los líderes fueran tocados por la justicia. Con la Ley RICO, los fiscales finalmente pudieron demostrar que estos grupos funcionaban como empresas criminales, lo que hizo posible procesar no solo a quienes cometían directamente los delitos, sino también a quienes los ordenaban, lucraban de ellos o actuaban como parte de la organización.
*Con información del Departamento de Justicia de EE.UU., Manual oficial de aplicación de la Ley RICO, Enciclopedia Britannica – Historia y alcance legal de la Ley RICO, Infobae y TIME Magazine*
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