SIP muestra preocupación por múltiples demandas contra periodistas panameños
La Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) se mostró preocupada, luego de conocer el informe de Panamá, donde se revela que se está “abusando del sistema judicial con la presentación de querellas penales, demandas civiles y hasta en la jurisdicción de familia en perjuicio de medios de comunicación”.
De acuerdo a la SIP, “se está creando un precedente adverso para el periodismo y la libertad de expresión”.
En el informe presentado por la delegación panameña, “el diario La Prensa y sus periodistas fueron querellados 10 veces por el expresidente Ricardo Martinelli, por la posible comisión de delitos contra el honor, 8 fueron admitidas por el Ministerio Público y 2 rechazadas, las que se encuentran en trámite pretenden reclamaciones civiles por 10 millones de dólares aproximadamente”.
"Más recientemente una querella contra la vicepresidenta de Asuntos Informativos de TVN Media, Sabrina Bacal, por calumnia e injuria. Todas interpuestas por el expresidente Martinelli", destaca el informe.
Seguimos con atención estos procesos porque suponen una forma de coartar el derecho a la libertad de expresión de los ciudadanos.
“La amenaza latente que existe en el país, por las sumas millonarias en las respectivas "reclamaciones civiles podría inhibir el ejercicio del periodismo y generar autocensura, lo que produciría consecuencias muy lamentables para el ejercicio de la democracia”, afirmó el organismo colegiado.
La despenalización del delito de la calumnia e injuria en Panamá, también fue un asunto tratado en la Asamblea, que tiene lugar en Miami, Estados Unidos.
El informe destaca que en Panamá se mantiene vigente en el artículo 195 del Código Penal la tipificación de la Injuria y Calumnia, cuando se cometan a través de medios de comunicación, y aunque ha quedado despenalizada cuando se trata de que la “supuesta víctima” sea un funcionario con mando y jurisdicción nacional, se mantiene vigente para particulares, el resto de los funcionarios y exfuncionarios. Cabe mencionar que el Código Penal panameño tipifica estos delitos con pena de prisión que va de 6 a 18 meses, o sus equivalentes a días multas.
Ante este escenario, la SIP condenó que los delitos de calumnia e injuria se mantengan perseguidos penalmente y que no existan topes para las reclamaciones civiles por estas causas.
La delegación panameña también incluyó en el informe su molestia por el proyecto de ley presentando en el Parlamento Latinoamericano (Parlatino) que pretende regular las comunicaciones en los países que son miembros de este organismo regional.
