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Ciudad de Panamá/En los centros educativos del país crece una problemática que ha generado debate entre padres de familia, estudiantes y autoridades: la utilización de trenzas y cabellos afro de forma natural. En distintos colegios se han reportado casos en los que estudiantes son impedidos de ingresar a clases por llevar el cabello rizado o trenzado, bajo el argumento de que no cumplen con la norma interna que regula la presentación personal.
Estas situaciones han provocado malestar y cuestionamientos sobre los límites de los reglamentos escolares frente a expresiones culturales y características naturales del alumnado.
El Instituto Alfredo Cantón fue uno de los últimos centros educativos donde se reportó esta situación, sumándose a una problemática que va en aumento en distintos planteles del país.
Las autoridades de los centros escolares, incluido el Instituto Alfredo Cantón, han señalado que estas decisiones responden al cumplimiento del reglamento que rige la disciplina y la imagen institucional.
El tema, que se repite cada año con el inicio del año escolar, pone en tensión los reglamentos internos de los colegios y los derechos culturales e identitarios de niños y adolescentes afrodescendientes.
Ninna Ottey, del Movimiento Afrodescendiente, abordó esta situación en Noticias AM, y explicó que en Panamá sí existen normativas claras que protegen a los estudiantes frente a este tipo de situaciones.
Entre ellas, mencionó el resuelto 887 del 23 de marzo de 2023, que establece medidas para prevenir la discriminación dentro de las aulas, incluyendo el derecho a utilizar cabellos afro, trenzas y estilos protectores, tanto en colegios públicos como particulares.
Ottey señaló que, pese a esta normativa, persisten vacíos en la aplicación de las reglas, ya que cada centro educativo interpreta de forma distinta lo que considera un “peinado adecuado”. Esto ha generado que algunos reglamentos internos incluyan términos peyorativos para referirse al cabello afro, calificándolo como “extravagante” o “exótico”, y asociándolo erróneamente con faltas disciplinarias.
“Eso no es una falta disciplinaria”, subrayó, al enfatizar que el cabello afro forma parte de la identidad natural con la que nacen muchas personas.
La activista también se refirió a denuncias recientes sobre la supuesta exigencia de certificaciones para acreditar la identidad afrodescendiente de estudiantes, una práctica que calificó como discriminatoria e inexistente en la ley.
“La identidad afrodescendiente no es un trámite administrativo ni una condición médica, es un derecho”, afirmó, al recordar que Panamá es un país pluriétnico y multicultural, y signatario de convenciones internacionales sobre los derechos del niño.
Otro aspecto abordado fue el componente de salud capilar, frecuentemente ignorado en el debate. Ottey explicó que las trenzas y estilos protectores no responden únicamente a razones culturales, sino también a la fragilidad del cabello afro, que requiere cuidados distintos al cabello liso. Estos peinados ayudan a protegerlo del sol y reducen prácticas agresivas como el alisado constante, que puede tener consecuencias para la salud.
Desde el movimiento que representa, insistió en que la solución no debe quedar en manos de cada director o plantel educativo. Señaló que el Ministerio de Educación tiene la responsabilidad de supervisar y garantizar que los reglamentos internos se actualicen conforme a la normativa vigente. “El resuelto 887 es claro”, recalcó, al advertir que muchos documentos escolares datan de hace décadas y no responden a las realidades actuales.
El incremento de estos casos, añadió, también está ligado a un mayor orgullo identitario entre las nuevas generaciones, que hoy expresan con más fuerza su negritud y herencia cultural, no solo en fechas conmemorativas, sino durante todo el año.
Ante esta situación, organizaciones de la sociedad civil afrodescendiente lanzaron la campaña “Mi cabello afro no se certifica”, tras recibir denuncias sobre centros educativos que estarían solicitando a estudiantes y padres de familia certificar la etnia del menor para permitirle asistir con cabello afro, trenzas o estilos tradicionales.
Según reportes dados a conocer por activistas, se han presentado al menos cuatro denuncias en el país: dos en la provincia de Colón —una en el Colegio Abel Bravo—, otra en el Colegio de Artes y Oficios y una más en un plantel ubicado en el sector de Las Mañanitas, en Panamá Este, y ahora en el Instituto Alfredo Cantón.
Precisamente, el artículo 2 del resuelto 887 establece que se prohíbe en todos los centros educativos oficiales y particulares incurrir en actos discriminatorios contra los estudiantes de cualquier etnia y cultura, toda vez que su función principal sea garantizar el derecho a la educación a todo niño, niña o adolescente que resida en el país.
En el artículo 3 del documento se indica lo siguiente:
"Considerando a la educación como la mejor herramienta para luchar contra el racismo y la discriminación, y con el fin de evitar que se incurra en actos violatorios de los derechos humanos, los centros educativos oficiales y particulares deben:
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