Tributos, prescripción de deuda y gasto público: los proyectos que Mulino rechazó y cuestionó su legalidad

El presidente de la República, José Raúl Mulino, devolvió sin sanción a la Asamblea Nacional los proyectos de ley 388, 233 y 249, al objetarlos por inconvenientes e inconstitucionales, lo que obliga a los diputados a reabrir su discusión en medio de cuestionamientos del Ejecutivo sobre su impacto legal, económico y presupuestario.

A través de notas enviadas al presidente del Legislativo, Jorge Luis Herrera, el mandatario explicó las razones de su decisión, que incluyen objeciones por “inconveniencia” e “inexequibilidad” en distintos artículos y, en un caso, en la totalidad de la iniciativa.

Objeciones al proyecto sobre deudas bancarias

En el caso del Proyecto de Ley 388, que proponía el reconocimiento administrativo de la prescripción de deudas por bancos y entidades financieras, el Ejecutivo objetó la iniciativa en su conjunto.

Entre los principales argumentos, el Gobierno advirtió posibles impactos negativos en el mercado crediticio, conflictos con el régimen bancario vigente y contradicciones con la normativa que regula las empresas financieras.

Además, señaló que el proyecto podría vulnerar principios constitucionales como la separación de poderes, al invadir funciones exclusivas del Órgano Judicial, así como afectar el derecho al debido proceso.

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Cambios en tributos municipales bajo revisión

Respecto al Proyecto de Ley 233 de 2025, relacionado con modificaciones a la ley que regula la administración y cobro de tributos municipales, Mulino presentó objeciones por inconveniencia en varios artículos, así como por inexequibilidad en uno de ellos.

El Ejecutivo considera que algunos de estos cambios podrían generar inconsistencias legales y afectar el marco normativo vigente en materia tributaria municipal.

Reducción de alquileres en el sector público

En cuanto al Proyecto de Ley 249 de 2026, que busca reducir los gastos de alquiler de oficinas estatales, el presidente objetó parcialmente el contenido de varios artículos.

Entre las observaciones, se cuestiona la inclusión de la Contraloría General de la República en ciertas disposiciones, así como aspectos que, según el Ejecutivo, podrían interferir con sus competencias constitucionales en materia presupuestaria.

En particular, Mulino advirtió que algunos artículos comprometen la facultad del Ejecutivo de elaborar el Presupuesto General del Estado, tal como lo establece la Constitución.

Con esta decisión, los tres proyectos regresan a la Asamblea Nacional, donde los diputados deberán analizar las objeciones del Ejecutivo y decidir si las acogen, modifican las iniciativas o insisten en su aprobación.