Subsidios: ¿solución o politiquería?

Poco más de 222 mil personas son beneficiarias de apenas tres programas de una larga lista de subsidios sociales en los que el Gobierno destina $1,300 millones anuales.

Según los expertos, los subsidios se dividen en dos grandes clases: los directos, que en Panamá incluyen la Red de Oportunidades, el 120 a los 65, Beca Universal, Barrios Seguros y Techos de Esperanza.

En tanto, entre los indirectos figuran los subsidios al pasaje del metro y metrobús, los intereses preferenciales para viviendas de primera mano, las rebajas a la tarifa eléctrica y al tanque de gas de 25 libras, y los incentivos para patronatos, fundaciones, oenegés e iglesias.

El Banco Mundial estima que en la mayoría de los países de Latinoamérica entre el 5% y 10% del Producto Interno Bruto (PIB) se va en subsidios.

En el caso de Panamá, de los $1,300 millones al año, $215 millones se dedicaron a sostener el 120 a los 65, que registra 128,111 inscritos.

De ese programa salieron el año pasado 14 mil personas a las que se les comprobó que tenían propiedades e ingresos para mantenerse.

Ese es apenas uno de los efectos colaterales de la Ley 86 de 2010, expedida para depurar el 120 a los 65. Los otros son negativos: el programa carece de suficiente supervisión y seguimiento.

El economista Rubiel Cajal asegura que con los subsidios “muchas familias han dejado de trabajar y dependen del aporte que les da el Estado”.

La idea contraviene el sentido real de los subsidios: una asistencia pública basada en una ayuda o beneficio de tipo económico por un tiempo determinado.

En Panamá la Red de Oportunidades tiene 79,800 inscritos y Ángel Guardián 14,500.

Más del 65% de los subsidios que otorga el Ministerio de Desarrollo Social se concentra en la provincia de Panamá.