Educación sexual, un debate postergado

La cruda realidad del abuso sexual contra menores de edad ha abierto el debate para buscar mecanismos que ayuden a prevenir y castigar el delito.

En el programa Radar de este domingo 25 de marzo se analizó el problema desde el lado de la prevención y el proceso judicial indicado para asegurar la certeza del castigo.

En el área preventiva, se tiene una deuda pendiente con la educación sexual. Un debate que ha sido postergado por razones ideológicas.

Para el análista político y excanciller, Jorge Eduardo Ritter, esto se debe a que el tema se ha convertido en uno que divide a los panameños y en el que confluyen aspectos ajenos al problema, que han retrasado la aprobación de una ley.

"Fundamentalmente, estamos inmersos en un debate que muchas veces ni siquiera toca el fondo del problema, sino solamente los aspectos superficiales que no contribuyen a encontrarle una verdadera solución", expresó Ritter.

El tema emerge nuevamente al escrutinio público tras el último caso de abuso sexual, perpetrado por un fotógrafo local contra su sobrina. El suceso ha llevado a que la sociedad discuta fervientemente las maneras para prevenir y castigar estos delitos.

Un primer grupo de panelistas, conformado por el doctor Álvaro Gómez, la diputada Athenas Athanasiadis, el doctor Daniel Pichel, la licenciada Isolda Martínez y la doctora Melina Mancuso, analizó la situación desde el punto de vista científico y legislativo.

Los especialistas coincidieron en que es necesario implementar con urgencia la educación sexual con la activa participación de los padres de familia, una labor que comparten con colegios, autoridades y medios.

La doctora Melina Mancuso expresó en Radar que "es obligación de los padres aprender algunos aspectos del desarrollo humano", es decir, lo que se espera que un niño haga a medida que va creciendo.

También destacó la importancia de incluir a las escuelas y orientar a los docentes, para que entiendan las conductas apropiadas o inapropiadas del pequeño entre sus pares.

"Estamos en una sociedad donde actualmente los padres no están y cuando están, no están 100 por ciento en el hogar. Entonces, pueden pasar por alto algunas señales", dijo.

En el programa se resaltó que se debe legislar sobre la temática en la Asamblea Nacional (AN) con base a información científica y datos reales. De acuerdo a los panelistas, la implementación de la educación sexual permitiría que niños y jóvenes identifiquen un toque inadecuado y alertar así a sus acudientes o autoridades.

La licenciada Isolda Martínez, representante del Ministerio de Salud (Minsa) en la mesa, destacó que la institución ha elaborado manuales y protocolos para atender los casos de abuso sexual y embarazo juvenil que lleguen a los distintos centros de atención.

Martínez añadió que la labor de educar a los niños y jóvenes en sexualidad con "información correcta" es una tarea compartida, que debe involucrar a toda la sociedad. "Es un tema que es con los padres, con la escuela, con todos los entes e inclusive, con los medios de comunicación", dijo.

Por su parte, el doctor Daniel Pichel comentó que no se puede omitir que hoy día, los niños y adolescentes reciben esa información de sus compañeros, del internet y de la pornografía.

"Desafortunadamente, (...) eso es lo que ellos entienden como educación en sexualidad y tiene una serie de distorsiones", manifestó.

"La educación sexual en Panamá muchas veces se limita, a que un adolescente cuando sale el viernes en la noche se le dice 'cuidado una vaina'. Esa es la educación sexual que reciben", detalló Pichel, resaltando que se debe funcionar en múltiples niveles con participación de la familia, la escuela y los iguales.

"Mientras no se tenga un método para que todo esto trabaje junto, vamos a seguir teniendo este tipo de casos", sentenció.

Algunos de los especialistas invitados al programa Radar acotaron igualmente que es fundamental que el Estado destine los recursos suficientes, tanto económicos como de tiempo, a los programas de salud mental existentes, para atender adecuadamente a los individuos con trastornos parafílicos.

El doctor Álvaro Gómez mencionó la importancia de brindar tratamientos a los condenados por pederastia, a medida que cumplen su sentencia.

"No todo pedófilo llega a ser un pederasta. Ser pedófilo no es un crimen, es una enfermedad. Pero ser pederasta es un crimen", explicó el especialista, refiriéndose a las personas que actúan con el impulso pedofílico.

"Hay que darles tratamiento a estas personas. ¿Por qué? ¿Qué pasa si tú metes a una persona 10 años presa? Cuando sale, el impulso está igual ahí".

La diputada perredista Athenas Athanasiadis ha elaborado unas cinco iniciativas legislativas con su colega Iván Picota, algunas de las que se mantienen en espera de primer debate en la Asamblea. En el programa Radar, la parlamentaria explicó qué elementos incluyen estos proyectos.

Entre estas iniciativas, se encuentra el documento que propone la elaboración de una lista pública de agresores sexuales, a la que se podría acceder en distintas instancias. Algunos panelistas refutaron el tema, al señalar que se puede dar un "linchamiento".

"Honestamente, nosostros no podemos pensar en derechos de personas que han violado a otras. (...) El derecho de una persona en cierto modo, a mi concepto, se va perdiendo cuando ésta viola los derechos de otro ser humano", expresó la parlamentaria en Radar.

La diputada señaló que se espera a futuro, lograr la discusión para el aumento de penas en delitos sexuales, que afectan principalmente a menores de edad. Actualmente, la máxima condena con la recién sancionanda ley es de 20 años.

"Esperamos (...) que muchas personas, la sociedad y los expertos participen para llegar a un punto balanceado y más adecuado. En mi concepto, una persona que viola a una menor de edad merece la pena completa", agregó.

El proceso judicial

El último caso de abuso sexual ha llevado a que la ciudadanía cuestione los acuerdos de pena en este tipo de delitos. Un equipo de fiscales del Ministerio Público (MP), Janina Muñoz de Aparicio, Delia De Castro y Orison Cogley, explicó en Radar los parámetros internos y el procedimiento que sigue la institución.

Los acuerdos de pena, una salida alternativa al conflicto que contempla el Sistema Penal Acusatorio (SPA) y los códigos vigentes, ayudan "a controlar las cargas procesales y evitar el colapso del sistema", manifestó la fiscal De Castro.

La funcionaria, que ha visto la implementación del SPA dentro del Ministerio, aseguró que no se contaba con esta herramienta en el sistema anterior y "son una garantía de una sentencia condenatoria".

De Castro explicó que la víctima siempre es parte del proceso. "Tenemos situaciones en que no se han aprobado acuerdos porque la víctima no está conforme. Esos son los pesos y contrapesos que tiene el sistema", señaló.

En tanto, Muñoz de Aparicio apuntó que los jueces verifican que no se hayan omitido garantías fundamentales. "Los acuerdos de pena se tratan dentro de los parámetros y rangos del delito. Si hubiesen sido unas penas muy bajas, un juez de una vez lo verifica y no controloría ese acto", detalló.

Por su parte, el fiscal Cogley apuntó que los acuerdos de pena deben pasar por la revisión de los superiores, para verificar que éste cumple con la política interna.

"El eliminar los acuerdos podría conllevar a que las víctimas, que conozcan esa decisión, pudiesen entonces ser unas muy silenciosas y callar antes de decidir someterse al escrutinio no solo de un aparato judicial, sino de la sociedad entera", expresó el fiscal.