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Ciudad de Panamá, Panamá/El primer año de gobierno del presidente José Raúl Mulino ha estado marcado por una serie de desafíos heredados y decisiones que han generado un intenso debate nacional. El programa Radar abordó tres puntos fundamentales que definen esta etapa del gobierno: el balance de la gestión, la compleja relación entre el Ejecutivo y el Legislativo, y los ambiciosos proyectos de infraestructura y desarrollo.
La administración Mulino asumió el poder enfrentando rezagos institucionales significativos en áreas clave como la transparencia, la justicia y la educación. A esto se sumaron las secuelas de las protestas de 2023 y la pandemia, con promesas económicas por cumplir. Una de las primeras y más polémicas decisiones fue la reforma a la Caja del Seguro Social, que desató un fuerte rechazo y movilizaciones, especialmente en Bocas del Toro.
“El gobierno entra y se encuentra con la debilidad institucional grave producto de una corrupción endémica que lleva 15 años o 20 de no ser solucionada, y se encuentra con lo de Estados Unidos, y eso lo enfrentan de un método de gobernanza no inclusivo, no usando herramientas de gobernanza democrática”, advirtió Olga de Obaldía, de la Fundación Libertad Ciudadana.
Expertos y analistas señalaron un estilo de gobernanza que, según las críticas, no ha sido suficientemente inclusivo y una comunicación que, en lugar de conciliar, ha provocado una mayor crispación social. “Hay una gran responsabilidad fiduciaria en que el estilo de gobernanza cambie, el estilo de comunicación cambie, el estilo de cómo tratas a los actores de la mesa. No puedes decir que unos actores tienen más valor que otros, porque esa no es la base de la democracia”, señaló de Obaldía.
A pesar de estas observaciones, se reconoce un manejo aceptable en el control del gasto fiscal y la deuda pública. No obstante, persisten retos cruciales como la decisión sobre la mina de Donoso, la urgente problemática del agua (río Indio), la necesidad de un presupuesto nacional ajustado y, fundamentalmente, la lucha contra el desempleo y la informalidad.
“El presidente tiene un reto fundamental a futuro que es enfrentar el problema del desempleo, generar certidumbre, generar confianza a nivel nacional e internacional y, además, hacer una reforma institucional que ponga al ciudadano en el centro de todas las cosas", opinó Rubén Castillo, abogado y expresidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep).
Una de las prioridades destacadas del gobierno ha sido la reactivación de proyectos de infraestructura que habían sido abandonados por administraciones anteriores, algunos de ellos con más de una década de paralización. Ejemplos concretos incluyen la reanudación de obras en el hospital Manuel Amador Guerrero, el hospital de Bugaba y la planta potabilizadora de Arraiján.
“Ha sido un año lleno de retos; encontramos un país que tenía una economía bastante desacelerada, con un nivel de tensión social y política producto de los años previos antes de entrar en gobierno, y con situación de múltiples proyectos que estaban en situación de abandono”, reconoció José Ramón Icaza, ministro para Asuntos del Canal y secretario de Metas.
Además, se ha lanzado un ambicioso plan de inversión diseñado para impulsar la reactivación económica y la generación de empleo, priorizando 33 proyectos en sectores vitales como el agua, el saneamiento, la salud, la educación y la infraestructura vial. “De los prioritarios, que manejamos en la Secretaría de Metas, tengo una lista de más de 20 proyectos que hemos logrado recuperar y están en ejecución”, precisó Icaza.
Entre los proyectos emblemáticos futuros se mencionan el ferrocarril Panamá-Frontera, el Centro de Enseñanzas Agropecuarias y el teleférico de San Miguelito. La crisis de agua potable es una preocupación central, con trabajos en la potabilizadora de Arraiján y planes para una nueva planta en Panamá Este, además de un programa de rehabilitación de plantas de tratamiento. “La potabilizadora de Arraiján es uno de los proyectos más importantes… ya tiene los recursos y esperamos poderla terminar a mediados del otro año; va a beneficiar a Arraiján y parte de La Chorrera”, señaló Icaza.
La debilidad institucional, exacerbada por la corrupción endémica, ha sido un punto central de discusión. La relación entre el Ejecutivo y la Asamblea Nacional ha demostrado ser tensa, como lo evidenció el intento de reducir el presupuesto general del Estado, que encontró significativas barreras.
"Yo sí le he manifestado a mi bancada que yo por ningún motivo estoy dispuesta a apoyar a alguien que se va a someter a las decisiones del presidente", aseguró Alexandra Brenes, diputada de Vamos.
En este contexto, se ha enfatizado la importancia de un diálogo nacional real y constructivo para forjar una agenda de Estado sólida y alcanzar acuerdos en temas esenciales para el país. “Lo que sí hemos decidido es que no nos vamos a decantar por nada que tenga ligazón ni con el Palacio de las Garzas ni con el asilado colombiano”, añadió el diputado Ernesto Cedeño, de MOCA, al referirse a la elección de la nueva directiva legislativa.
Alain Cedeño, diputado de Realizando Metas, también destacó la necesidad de consensos dentro del Legislativo: "La Asamblea trabaja en base a consensos; es difícil que nosotros logremos objetivos si no consensuamos".
La próxima elección de la nueva junta directiva de la Asamblea Nacional genera gran expectativa, con un clamor social por un verdadero equilibrio de poderes y un acompañamiento al Ejecutivo que garantice la independencia y el buen funcionamiento de las instituciones.
"Hoy hay una crisis legítima, es decir, la sociedad no cree prácticamente en sus autoridades, hay una incomunicación social de cero diálogos", concluyó Brenes.
Este contenido fue escrito con la asistencia de una inteligencia artificial y contó con la revisión de una periodista y un supervisor de información digital.