Radar: Municipios sin fondos y el fantasma del narco

Ciudad de Panamá, Panamá/La República de Panamá, en vísperas de un nuevo ciclo político, se encuentra atrapada entre el peso muerto de una estructura fiscal hipercentralizada que asfixia a sus municipios y la urgencia de invertir millones para contener la marea creciente del narcotráfico.

El debate en el programa Radar de este domingo 16 de noviembre desnudó un sistema que privilegia la administración central y deja a las comunidades en una peligrosa precariedad, según los analistas.

La centralización, un lastre de 120 años

El problema de fondo, según los expertos, es la persistencia de un modelo de Estado obsoleto. Jorge Ricardo Panay, de la Asociación de Municipios de Panamá (Amupa), fue categórico al describir la situación global de Panamá: “Panamá es el país más centralizado de América Latina y el séptimo del planeta Tierra y va en vía contraria a lo que está pasando en el resto de los países...”. Esta estructura, heredada desde la fundación de la República, socava la capacidad de respuesta local.

Por su parte, la alcaldesa de San Miguelito, Irma Hernández, puso cifras a esta asfixia fiscal al denunciar la retención millonaria del Impuesto de Bien Inmueble (IBI). De los $211 millones recaudados, solo una fracción regresa a los gobiernos locales, a pesar de que la ley lo exige:

"En el año 2025 se recaudaron en el impuesto de bien inmueble 211 millones y lo entregado a los gobiernos locales fueron solamente 83 millones; eso es el 39% de lo recaudado, lo que se le entregó a los gobiernos locales...", explicó la alcaldesa Hernández.

Esta carencia obliga a los municipios a cargar el peso sobre los pequeños contribuyentes, creando una "pirámide invertida", como la definió Hernández, quien afirmó que “la lógica está en que el gobierno que está más cercano a mí me puede dar mejores respuestas que de repente un ministerio que tiene que ver las respuestas a nivel nacional...”.

La inequidad se extiende a los distritos con vocación turística, como Pedasí, en la provincia de Los Santos, donde su alcalde, Miguel Batista, lamentó que los impuestos generados localmente no se queden para el desarrollo de la zona.

"El impuesto de turismo que cada vez que usted se queda en una habitación de hotel, 10%, paga el 10% y antes era un impuesto municipal... ese 10% va al Tesoro nacional y en muchos casos no es invertido, no llega una parte a nuestros distritos”, recalcó Batista.

La amenaza que obliga a gastar millones

Mientras las alcaldías luchan por el goteo de fondos, el Estado se ve obligado a canalizar grandes sumas en seguridad. El viceministro de Seguridad, Luis Felipe Icaza, defendió la necesidad de fortalecer la vigilancia ante una amenaza que no es estática, sino que se ha triplicado en la región:

"Había un reporte de que se producían prácticamente en estos países que producen droga casi 100 mil toneladas. En este momento se ha triplicado; estamos por los 300 mil toneladas que tienen que ir a distintos mercados”, dijo Icaza.

Esta sobreoferta alimenta las 60 pandillas que, según el director de la Oficina de Participación Ciudadana del Ministerio de Seguridad, Luis Alberto Zegarra, operan en zonas como Colón, San Miguelito y Panamá Este.

Para combatir este flujo, el gobierno ha invertido en cuatro aviones Super Tucano para el SENAN, una compra valorada en más de $68 millones.

"Panamá no es un país bélico, así que nosotros estamos trayendo los aviones solamente para vigilancia, interdicción de drogas... Tú puedes supervisar muchas más áreas y ellos se comunican con la parte marítima”, destacó Icaza.

Además, Icaza argumentó que la autonomía y velocidad del avión son cruciales para interceptar lanchas rápidas y detener la contaminación de contenedores en altamar.

Esta nota fue hecha con la asistencia de una inteligencia artificial y revisada por una periodista y un supervisor de información digital.