Radar: Nepotismo, carrera administrativa y retroceso democrático en América Latina

Ciudad de Panamá, Panamá/El programa Radar de este domingo 21 de septiembre abordó tres ejes de la agenda pública nacional e internacional: el nepotismo en Panamá y el proyecto de ley que busca sancionarlo como delito; la reforma a la carrera administrativa, presentada ante la Asamblea Nacional para profesionalizar el servicio público y frenar el clientelismo; y el más reciente informe de IDEA Internacional sobre el estado de la democracia en el mundo, que advierte retrocesos globales pero destaca avances en Panamá.

El nepotismo, práctica históricamente arraigada en la administración pública panameña, ocupó el primer tema del programa Radar. La discusión giró en torno al proyecto de ley presentado en la Asamblea Nacional que plantea tipificarlo como delito en el Código Penal, un paso que sus proponentes consideran indispensable para fortalecer la institucionalidad del país.

El debate contó con la participación del politólogo Simón Tejeira, miembro de la Fundación Libertad Ciudadana; el diputado de la bancada Vamos, Eduardo Gaitán, autor de la propuesta legislativa; y Gabriel Santamaría, jefe legal de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai).

Tejeira definió el nepotismo como la designación de familiares en cargos públicos por vínculos de sangre y no por méritos, práctica que, dijo, “socava los fundamentos de las instituciones” y explica en parte la ineficiencia estatal. Gaitán advirtió que el problema no es meramente ético, sino que se traduce en servicios deficientes: “Las prácticas nepotistas son las causales de que muchas veces no tengamos agua en casa, infraestructura escolar digna o medicamentos en la Caja de Seguro Social”.

Santamaría, por su parte, reveló que Antai ha recibido este año más de 1,200 denuncias, muchas relacionadas con nepotismo, aunque la limitada capacidad institucional dificulta la investigación: “Somos seis abogados para atender un volumen creciente de casos”, subrayó. El funcionario recordó que ya se ha sancionado a 50 servidores públicos por diversas faltas administrativas, incluidas prácticas nepotistas.

El proyecto de ley que promueve Gaitán contempla penas de uno a cinco años de prisión para quien realiza la contratación nepotista y de uno a tres años para quien la recibe, con agravantes en sectores clave como salud, educación o seguridad. La propuesta también busca reforzar la lucha contra las llamadas botellas, funcionarios que cobran salario sin trabajar, cuya sanción actual —multas o trabajo comunitario— pasaría a prisión de uno a tres años.

El caso de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi) fue citado como ejemplo del problema estructural, luego de investigaciones que involucran a más de 80 funcionarios. Para Tejeira, el escándalo evidenció cómo el nepotismo se percibe todavía como una práctica normalizada: “Pareciera que las instituciones están organizadas para dar seguridad a las familias y no para servir al país”.

Los invitados coincidieron en que la penalización debe acompañarse de un fortalecimiento de la carrera administrativa, como vía para asegurar que los cargos se llenen por concurso y méritos, evitando así la justificación de nombrar a “personas de confianza” que terminan siendo familiares.

La discusión concluyó con un llamado a la cohesión social y al cambio cultural: entender que el nepotismo y las botellas son también formas de corrupción que afectan directamente la calidad de los servicios públicos.

Reforma a la carrera administrativa: ¿Una vía para frenar el clientelismo?

El segundo tema del programa Radar estuvo dedicado a la reforma de la carrera administrativa, aprobada esta semana por el Consejo de Gabinete y presentada ante la Asamblea Nacional. La discusión giró en torno a cómo esta normativa busca ordenar el ingreso, permanencia y evaluación de los servidores públicos, reduciendo el clientelismo y profesionalizando la función estatal.

Participaron en el debate Roberto Zúñiga, diputado de la bancada Vamos y proponente de las reformas; Cheyla Valdés, directora de la Carrera Administrativa; y Augusto Berrocal, representante de la Federación Nacional de Servidores Públicos (Fenasep).

Zúñiga defendió la propuesta como “una ventana histórica” para atender un problema de vieja data: “Buscamos la autonomía de la Dirección General de Carrera Administrativa creando el Instituto Nacional de Administración Pública, que será garante de los concursos públicos. No puede ser que a un joven le digan que necesita la carta de un diputado para conseguir un puesto en el Estado”, afirmó.

Según el diputado, de los 260 mil funcionarios en el sector público, apenas 13 mil son de carrera administrativa y están sujetos a evaluaciones. “El resto no tiene controles. Este proyecto busca que los puestos públicos dejen de ser una moneda de cambio político”, subrayó.

Valdés coincidió en la necesidad de modernizar los procesos de evaluación. Explicó que hoy los reglamentos son “desfasados y subjetivos”, lo que permite que la permanencia dependa de la simpatía del jefe inmediato. “Con la reforma buscamos objetividad. El que trabaja bien mantendrá su estabilidad; el que no, tendrá que mejorar o salir. Además, las evaluaciones ya no serán solo para los acreditados, sino para todos los servidores públicos en cargos de carrera”, indicó.

Berrocal, en representación de los trabajadores, recordó que la ley vigente de 1994 nunca se ha cumplido a cabalidad: “Si se hubiese aplicado correctamente, hoy políticos y empleados sabrían cómo se entra y cómo se sale de un puesto público. Pero los nombramientos han estado basados en clientelismo, no en méritos”. También advirtió sobre aspectos polémicos de la reforma, como la eliminación del Tribunal Administrativo de la Función Pública, lo que, a su juicio, “cercena derechos adquiridos de los trabajadores”.

El proyecto contempla concursos abiertos a través de una plataforma digital, evaluaciones 360 grados que incluyan habilidades técnicas y blandas, y la coordinación con la Autoridad de Innovación Gubernamental (AIG) para centralizar la gestión de recursos humanos. Valdés detalló que se trabaja en un sistema inclusivo con la participación de psicólogos y especialistas de la Secretaría Nacional de Discapacidad (Senadis) y la Presidencia para garantizar procesos más justos.

Zúñiga recalcó que las reformas están vinculadas también a la futura Ley General de Sueldos: “No más salarios fijados por amistad o cercanía política. Queremos que el funcionario pueda crecer dentro de la institución, que hoy sea abogado y mañana pueda aspirar a director. Eso motiva y genera un mejor servicio público”.

Los panelistas coincidieron en que la reforma no solo busca ordenar la planilla estatal, sino también cambiar la percepción sobre el servidor público. “Hoy ser funcionario está satanizado, se asocia con mediocridad o corrupción. Pero el problema no son los trabajadores, sino cómo se hacen los nombramientos”, sostuvo Berrocal.

La propuesta se encuentra ya en la Asamblea Nacional en espera de asignación a comisión. Para Zúñiga, es el inicio de una tarea compleja pero necesaria: “Es el momento crucial para cambiar el paradigma de la estructura del Estado. Los panameños merecemos servicios públicos de calidad y esta es la oportunidad para lograrlo”.

Retrocesos democráticos globales y avances en Panamá

El tercer tema del programa Radar es el más reciente informe sobre el estado de la democracia presentado por el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA). El invitado fue Nicolás Liendo, oficial de Programas para América Latina y el Caribe de la organización, quien advirtió sobre los crecientes desafíos que enfrenta la región y el mundo.

El estudio revela que 54% de los países presentan más deterioros que avances democráticos, mientras solo 32% muestran progresos. América Latina no escapa de esta tendencia: 15 países han sufrido retrocesos y 11 han registrado mejoras en factores como representación, participación, Estado de derecho y derechos fundamentales.

Liendo destacó que la conflictividad electoral es hoy uno de los mayores riesgos: “El 2024 fue el año con más elecciones en la historia, pero uno de cada tres países enfrentó disputas sobre los resultados. El perdedor no acepta, se judicializan procesos o se generan boicots”. Señaló además dos fenómenos preocupantes: la violencia electoral —con casos como los asesinatos de Fernando Villavicencio en Ecuador y Miguel Uribe en Colombia— y la proliferación de narrativas infundadas de fraude anticipado (NIFA), que minan la confianza ciudadana.

El informe también relaciona el auge de la polarización y la violencia con el uso de las redes sociales y la inteligencia artificial.

Sobre países específicos, advirtió un marcado deterioro en El Salvador, donde el gobierno de Nayib Bukele ha concentrado poder, restringido derechos y perseguido a voces críticas. También alertó sobre la situación en Nicaragua, con opositores desnacionalizados y religiosos perseguidos, y en Haití, donde el Estado se encuentra colapsado.

En contraste, Liendo resaltó que Panamá es una de las buenas noticias en la región: “Ha mejorado en representación y participación, con la mayor asistencia electoral de su historia y un desempeño por encima del promedio regional. Los retos están en paridad de género e inclusión de poblaciones indígenas”.

El informe subraya además la importancia de garantizar el voto de las diásporas migrantes, lo que, según Liendo, fortalece la democracia y mantiene vínculos de representación con quienes residen fuera de sus países.

Finalmente, el experto llamó a fortalecer la sociedad civil y la independencia institucional como antídotos frente al populismo y la erosión democrática: “La democracia es una construcción colectiva y vale mucho más la pena que vivir agobiados en una dictadura”.

Esta nota fue hecha con la asistencia de una inteligencia artificial y revisada por un supervisor de información digital.