Asentamientos ilegales crecen en Panamá, mientras que al gobierno le cuesta millones regularizarlos

La pandemia de la COVID-19 ha afectado el proceso de expropiación en la que el Gobierno compra los terrenos a los dueños por la falta de recursos económicos.

Asentamiento Tierra Prometida en La Chorrera.
Asentamiento Tierra Prometida en La Chorrera. / Redes Sociales/@DistritoCapira

La falta de posibilidades para obtener una casa digna lleva a muchas personas a invadir terrenos privados o del Estado con la esperanza de que, en algún momento, a través del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot), logren regularizar su situación y obtener a bajos costos estas tierras, pero ¿cuánto le cuesta al Estado este proceso?

El titular del Miviot, Rogelio Paredes, afirmó que a nivel nacional existen más de 300 asentamientos informales, de los cuales, algunos ya han sido regularizados, sin embargo, por los recortes que ha sufrido esta cartera a causa de la pandemia, continuar con estos procesos se ha complicado por lo que se buscan opciones distintas a la compra de terrenos para lograr acuerdos.

Paredes explicó que, para legalizar estos asentamientos, que en la mayoría tienen hasta más de 10 años de existir, se expropia al propietario y se le compra por el precio que arroje el avaluó de Contraloría. Pero se necesitan entre 80 y 90 millones de dólares para poder poner en orden todos los terrenos que se tendrían que comprar para legalizar.

“La ley permite que el Estado expropie y le pague al dueño por lo que dice los avalúos correspondientes de Contraloría y Catastro y bueno ese es el dinero que el propietario recibiría, ya no tiene opción, es tómalo o déjalo”, manifestó.

De acuerdo con Paredes, después de 20 o 30 años las personas no tienen la posibilidad de hacer que las tierras sean desalojadas porque ha pasado mucho tiempo, entonces, para que las personas que ocupan estos terrenos primero se tiene que hacer la expropiación, la tierra pasan al Banco Hipotecario que sería el nuevo duelo y luego factura a los habitantes que fueron evaluados.

El crecimiento de asentamientos informales ha creado nuevas comunidades a lo largo del país, y prueba de ellos es el distrito de San Miguelito, donde muchos sectores tienen sus orígenes en la ocupación de tierra irregular.

Paredes resaltó que al igual que pasa con los apartamentos del Miviot, estos terrenos son vendidos a precios cómodos porque se trata de personas que no tienen grandes recursos económicos.

“En Burunga, lo que llamábamos antes las áreas revertidas del Canal, se vendió a 2.00 dólares el metro, ellos por autogestión cortaron las calles, le pusieron tosca, pusieron su conexión de agua y la compañía eléctrica entró a ver el tema de la energía eléctrica”, indicó reconociendo que actualmente estos terrenos pueden tener un precio mayor.

Venta de terrenos en invasiones

Pero estos asentamientos también se han convertido en una oportunidad para el juega vivo, puesto que hay quienes llegan delimitan un terreno y luego de un tiempo los venden si aún haber obtenido el título de propiedad, ante esto el Ministro advirtió a las personas que antes de hacer cualquier transacción o compra de este tipo pida los títulos de propiedad, porque de lo contrario podría perder su dinero.

“Hay mucha gente que ofrece en venta terrenos o casas que están sobre áreas invadidas, y mientras esos terrenos no sean legalizados nadie va a poder entregar un título. La persona que compre una casa va a perder su dinero porque no hay un título”, indicó.

Continuó diciendo que hay personas que están ofertando y publicitando "la casita" que van a dejar en la invasión, y quien la compre se comprará una incertidumbre porque no saben si eso será legalizado algún día o se van a desalojar.

“Aquellos que ya estaban echando raíces pensando que se iban a quedar allí y otros que habían comprado una infraestructura pensando que se iban a quedar allí, sorpresa, hay una reubicación”, dijo Paredes refiriéndose al caso de la invasión Tierra Prometida detrás del Hospital Nicolás Solano en La Chorrera.

Paredes expresó que hay tierras privadas que cuestan mucho dinero y el Ministerio no cuenta con los recursos para obtenerlos, recordando que en Colón y Bocas del Toro existen globos de terreno invadidos muy grandes que no han podido ser regularizados y que en medio de la crisis económica no van a poder ser legalizados.

Aclaró que, aunque existe una partida para expropiación y la legalización de tierras, cuando se dan los recortes, este es el primer renglón que sufre, por lo que para poder tener esos recursos pasarán algún par de años.

Nosotros estamos comprando un problema realmente

Destacó que, ante la falta de dinero para legalizar las tierras, lo que se puede hacer es una permuta con los dueños de tierras invadidas, o sea, un intercambio de tierras estatales por el terreno invadido y así, entonces poder proceder con la expropiación y que el Banco Hipotecario tome lugar.

Recordó que en La Chorrera existe una invasión llamada El Progreso que tiene cinco etapas, pero que nació de un asentamiento campesino y que al desaparecer fue quedando en manos de particulares, pero una persona compró estas tierras, unas 76 hectáreas que están todas invadidas, por 12 millones de dólares, sin embargo, se está llegando a un acuerdo de comprárselas por 8 millones que serán pagados en tres años, ya que es la única manera de regularizarlos.

En Panamá, los lugares que más presentan problemas de asentamientos informales son Chiriquí, Panamá Oeste, y Panamá Este, donde miles de personas, quizás sin opciones, han tomado tierras para levantar sus casas y tener un lugar donde vivir con su familia. Para muchos, pareciera que la falta de interés de algunos gobiernos ha dado paso a que sigan creciendo sin Dios ni ley.