Bocas del Toro, entre el caos y la incertidumbre en su primer día sin garantías constitucionales

Bocas del Toro/En Bocas del Toro, la provincia del banano y el cacao, el viernes 20 de junio no fue un día cualquiera. En esta provincia agrícola, fronteriza, el Gobierno decretó la suspensión de las garantías constitucionales, y con ella, se apagó el Internet, el derecho a protestar, y también el de hablar.

Pasado el mediodía, el Consejo de Gabinete aprobó el estado de urgencia por cinco días, en respuesta a la creciente violencia que, según las autoridades, “ha superado los límites de una manifestación social”. El anuncio llegó después de más de un mes de bloqueos y cierres de calles, cuando el jueves se desató un sinfín de saqueos y enfrentamientos que han paralizado parte de la provincia y dejado un saldo de tensión, miedo y daños aún incuantificables.

La medida y sus implicaciones

El ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, detalló los artículos que suspendías las garantías en esa provincia y que le permite la Constitución. La medida implica que durante cinco días cualquier persona puede ser detenida sin orden judicial, se suspenden los derechos al habeas corpus y a la defensa legal, se prohíben las reuniones públicas, los allanamientos se pueden realizar sin orden judicial, y se restringe el libre tránsito y la libre expresión.

Ayer mismo en la noche, la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) ordenó a las empresas de telecomunicaciones cortar el servicio de internet en la provincia, lo cual se ejecutó antes de las 9:00 p.m. La razón: frenar la organización de grupos violentos y evitar la difusión de los disturbios.

Violencia en la tierra del banano

Bocas del Toro es mucho más que un destino turístico: es una zona productiva clave para la economía nacional, donde se cultiva banano, cacao y plátano en grandes volúmenes. Allí están empresas transnacionales como Chiquita Panamá, y es precisamente en ese entorno de riqueza agrícola donde la crisis estalló con más fuerza, provocando la salida de esta empresa de esa área, quien cerró temporalmente sus operaciones en Panamá, despidiendo a más de 7 mil trabajadores.

En Changuinola, epicentro de las protestas, la policía fue replegada por turbas que incendiaron más de cinco vehículos en el aeropuerto local, destrozaron las instalaciones del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Imlcf), del Servicio Nacional de Protección Civil, prendieron fuego a la Dirección de Investigación Judicial y saquearon locales comerciales. Según versiones no oficiales, varias personas quedaron atrapadas en las oficinas del Imlcf sin poder salir por la violencia en las calles.

El Ministerio de Seguridad Pública informó en la red social X que, hasta el viernes en la tarde, se registraban:

• 12 agentes heridos
• 21 vehículos destruidos
• 12 locales comerciales afectados

El ministro de Seguridad Pública, Frank Ábrego fue aún más directo: “los disturbios están relacionados con la participación de bandas criminales. Se han infiltrado en las protestas para saquear, sembrar el caos y facilitar actividades delictivas como el narcotráfico”.

Ábrego detalló que se han identificado al menos tres bandas delictivas activas en la provincia, y denunció que los cierres habrían sido financiados para distraer a la policía mientras se utilizaban rutas marítimas y puertos para traficar drogas hacia el norte del continente. Por ello, además se anunció toques de queda en la provincia.

Entre la protesta y la represión

Las manifestaciones iniciaron hace más de un mes, encabezadas por docentes, trabajadores bananeros y comunidades indígenas que reclamaban la afectación a su Ley 45, norma especial que protege a los trabajadores bananeros de la región, la cual fue modificada tras acuerdo entre el Ejecutivo, la Asamblea y los dirigentes sindicales. Se espera que eso calmara los bloqueos, pero no fue así.

Con el paso de los días, las protestas se radicalizaron, las demandas se multiplicaron, y los actores también. Hoy, el movimiento social se encuentra diluido entre reclamos, infiltraciones criminales y una fuerte respuesta estatal con agentes de los estamentos de seguridad. Muchos de los residentes de algunas comunidades han tenido que salir de sus casas, ante los enfrentamientos de manifestantes y agentes policiales.

Desde el 13 de junio, las autoridades desplegaron la operación “Omega”, con el objetivo de despejar las más de 20 vías bloqueadas. No obstante, la operación no ha logrado restablecer el control, y la violencia ha escalado hasta alcanzar un punto crítico.

Mientras tanto, en el resto del país...

Ayer, mientras Bocas del Toro quedaba bajo control policial, sin internet ni garantías constitucionales, en otras regiones del país la vida continuaba con tensiones más dispersas. En Azuero, persistía la crisis de agua por contaminación. En Panamá, docentes marchaban por la avenida Balboa. En Divisa, otro grupo de educadores mantenía cerrada la vía. A esa hora, se jugaba el partido Panamá vs. Nicaragua, y muchos panameños intentaban regresar a sus casas, sorteando el tráfico y los cierres.

La crisis en Bocas del Toro visibiliza la fragilidad del sistema frente a la exclusión y el crimen organizado. La provincia bananera vive hoy una mezcla explosiva de pobreza, protesta y violencia. Y todo ocurre a 631.9 kilómetros de la capital panameña, donde los ecos de la crisis se sienten lejanos, pero sus consecuencias son nacionales.