'Que no se pierda nadie', el clamor ante la desapariciones de niñas sin respuestas

Desde agosto del 2022 hasta la fecha, unas cinco menores de edad han sido reportadas como desaparecidas en diferentes partes del país, todas menores de 16 años, de las que sus familiares desconocen qué pudo haber sucedido, reviviendo viejas heridas en la sociedad que reclama mejores mecanismos al momento de investigar.

El pasado 8 de febrero se cumplieron 20 años desde la desaparición de Mónica Serrano, una menor de año y medio que fue vista por última vez en el patio de su casa cuando jugaba, es quizás este el primer caso de desaparecidos más emblemático y mediático en Panamá, donde aún siguen perdiéndose menores, pero con una tendencia muy marcada hacia mujeres.

Entre el 2012 y 2013, dos adolescentes desaparecieron en la provincia de Los Santos, ambas familias corrieron la misma suerte que la de la pequeña Mónica, nunca se supo nada de su paradero, ni condición de vida, e incluso las investigaciones siguen abiertas.

Para el 2022, otra desaparición volvió a estremecer el país, la de Aderlyn Llerena Saldaña de 9 años, luego de seis meses sus familiares siguen clamando por su aparición, mientras que las autoridades han intensificado la búsqueda en los alrededores de la casa tras revisar un video que dio con un supuesto importante hallazgo.

Sin embargo, según datos que recaba el Ministerio Público en su sitio web, actualmente hay cuatro menores entre 12 y 17 años de edad desaparecidas, reportadas en Aguadulce, Bethania, y dos en Chiriquí.

Las acciones de búsqueda cuando se reporta a una persona desaparecida parecen seguir siendo los mismos, pese a que Panamá es parte de la Alerta Amber que es el sistema de alerta de menores desaparecidos implementado desde 1996 en Estados Unidos.

Para la abogada Jacqueline Hurtado, los mecanismos de búsqueda de personas desaparecidas en el país no han avanzado y por el contrario ha retrocedido, recordando que cada vez son más las menores que desaparecen y no se sabe nunca más de ellas.

A esto le agrega la situación de violencia que afecta a las mujeres, como es el caso de la niña Lina Fabiola Rojas, que fue asesinada brutalmente en Alanje, provincia de Chiriquí, del cual es poco lo que se sabe y aún no hay personas aprehendidas.

Destacó que la supuesta falta de recursos de las instituciones encargadas de las investigaciones de estos delitos es el principal obstáculo que hay para dar con los victimarios y resolver rápidamente los crímenes.

“Panamá debe ser un país seguro para nuestras niñas y mujeres”, expresó.

Durante agosto del año pasado, dos jóvenes de 16 años desaparecieron, una en Aguadulce, provincia de Coclé, otra en el área metropolitana. Mientras que en Chiriquí, en el mes de enero, otras dos fueron reportadas como extraviadas, una de ellas con 15 años y la otra de 12; Además de la pequeña Aderlyn; todas se mantienen en la lista de desaparecidos del Ministerio Público.

Primeras horas son las importantes

Hurtado, resaltó que no se actúa con rapidez para iniciar la búsqueda, porque los protocolos indican que hay que esperar a que pase cierto tiempo, y esto está ligado a la edad de la persona, mientras que las familias se mantienen en una completa incertidumbre.

Y es que las primeras horas de la desaparición son las más importantes, pues podrían definir el futuro de la persona, incluso si vive o muere.

Explicó que la Alerta Amber, que nació en Estados Unidos por la desaparición de una niña con el mismo nombre, es para que cuando se den estos casos la foto del menor se coloque en todas partes, pero aquí en Panamá eso es un problema.

“Aquí que nadie se pierda, porque no salen a hacer nada”, puntualizó.

Manifestó que en el caso de Aderlyn, ahora es que vinieron a ver unas cámaras, seis meses después que dio el hecho, por lo que considera que hay falencias en el sistema.

“Aquí el sistema está hecho para el agresor, a ellos le tapan las caras, le dan acuerdos de pena, no se saben sus nombres, salen antes. Aquí todo está hecho para ayudar al agresor, pero no a las víctimas”, expresó.

Para la abogada, es necesario que las instituciones como el Ministerio Público, el Ministerio de Seguridad, y los jueces hagan su trabajo, sobre todo que empiecen a accionar de forma articulada para que las herramientas como la Alerta Amber empiece a funcionar.

Además, considera que se debe hacer una mejor repartición de los recursos del Estado para que estas instituciones tengan las herramientas para trabajar de forma eficaz y no se utilicen los dineros para ampliar las planillas como ocurre en la Asamblea Nacional.

“Cómo es posible que, en Chiriquí, que es el foco donde más niñas han sido secuestradas y asesinadas. Cómo que no sabemos quien fue porque no llegan los carros, las instituciones no están haciendo su trabajo”, se cuestionó.

Hurtado también hizo énfasis en que es muy importante que en materia de educación se empiece a enseñar a prevenir actitudes y comportamientos para evitar estos delitos.

Para ella es importante que en la Asamblea se discutan las iniciativas presentadas que buscan el aumento de penas en caso de homicidios, que prohíbe el acuerdo de penas para abusadores, y que se tenga acceso al registro de abusadores sexuales en el país.

Llama la atención que, según los reportes de desaparecidos del Ministerio Público, solo hay menores del sexo femenino, más no de varones menores de edad.