TVN Investiga: Río Indio, el desafío llegó

Ciudad de Panamá, Panamá/La necesidad de agua para el Canal y para el consumo de 2 millones de personas en la capital enfrenta un dilema social importante: el desplazamiento de decenas de comunidades rurales para embalsar el río Indio. Mientras la ACP propone una solución hídrica de gran escala, los residentes de la región, marginados por décadas, se debaten entre perder sus hogares y la esperanza de una vida mejor.

El río Indio corre libre hacia el mar Caribe, como uno de los caudales más abundantes del país. Desde la década de 1950, sus aguas han sido objeto de análisis para resolver la creciente demanda de agua en la cuenca del canal de Panamá. Según la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), la solución más viable es la construcción de una represa y un túnel que desvíen el agua hacia el lago Gatún.

"Río Indio es la solución, es la mejor alternativa de más de 28 que hemos estudiado", afirma Ilya de Marotta, subadministradora de la ACP. "Es un proyecto que genera suficiente cantidad de agua, que en conjunto con las otras cosas que hace el canal de Panamá, nos da una seguridad hídrica de unos 50 años”.

Un futuro lago en el río Indio aportaría al lago Gatún la cantidad de agua que consume la mitad de la población panameña o la necesaria para que hasta 15 barcos adicionales crucen el Canal diariamente. Esta medida busca mitigar el estrés hídrico que sufre la cuenca de la vía interoceánica, exacerbado por sequías como la de 2023, que obligó a reducir el número de tránsitos diarios.

Un alto costo social para el progreso

El precio de esta solución es el desplazamiento de 38 comunidades campesinas que han vivido por generaciones a orillas del río. “Es como perder todos los recuerdos que uno tiene; van a quedar sepultados bajo el agua", lamenta Maricel Sánchez, residente de Limón, un pueblo a hora y media en bote por el río.

Monseñor Manuel Ochagavía, obispo de la Diócesis de Colón-Kuna Yala, describe la situación así: "Para ellos la tierra es más que una propiedad, es su vida, es su historia, son sus antepasados, es su forma de entender el mundo, la vida, la sociedad, las relaciones con el medio ambiente, las relaciones entre ellos".

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El sentimiento de abandono del Estado es palpable entre los residentes. "Aquí no hay un camino de penetración bueno. No hay esa carretera. No hay ese colegio. No hay ese centro de salud que nos dé esa atención médica como queremos. No la hay”, sostiene Florentino Troya, residente de Boca de Uracillo, el último pueblo navegable del río Indio.

Ahí las opiniones están divididas.

“Mi posición es que yo no estoy de acuerdo en salir de aquí, porque ya he vivido todo el tiempo hasta ahora, a la edad que tengo, y bueno, me sentiría mal salir de aquí; ya yo tengo a mis niñas. Ya mis niñas están, como se dice, acostumbradas aquí", dijo Carlos Hernández.

Por su parte, Yamilka Valdés dijo: “Bueno, sería muy duro, que ya uno está acostumbrado a estar en el lugar, pero que hay que hacerlo si el proyecto va. Hay que disponerse, pues, dejar lo que uno tiene, pero que le lleven todo lo que tiene uno: la casa, los animales; por lo menos que los niños tengan su escuela, tengan su centro de salud, una mejora, sea mejor calidad de vida".

"¿Irme hacia dónde? ¿Dónde yo saco mi comida diaria, dónde yo vivo de mi manera así, de mi manera humilde, sencilla, pero bastante feliz?", recalcó Héctor Martínez. “Aunque yo estoy de acuerdo si el progreso tiene que ser en un país, pero yo lo que digo es que tiene que haber otro medio, pues".

Florentino Troya: “Es mi pueblo, sí, yo lo quiero porque es mi pueblo, pero si tengo que reubicarme como morador, yo lo haría, pero eso sí: con mucho respeto”.

"Por ejemplo, le preguntamos: ¿'A dónde van a reubicarse las personas?' Nunca dicen dónde será la reubicación”, sostiene Carlos Hernández, de Boca de Uracillo.

La ACP, por su parte, asegura que el proceso de reasentamiento se basará en la Norma 5 de la Corporación Financiera Internacional, que establece una indemnización justa y la asistencia para mejorar o restablecer el nivel de vida de los afectados. "Estamos en la fase de elaboración del plan de reasentamiento con las comunidades", explica Karina Vergara, gerente de Gestión Socioambiental del proyecto de río Indio. El reasentamiento será un proceso paulatino, a lo largo de cuatro años, lo que dura la construcción de la obra. Un nuevo lago debería estar listo en el 2031.

“Si yo, Canal, le digo al residente: ‘tú te vas a mover para acá’, eso es una imposición y eso no funciona así. Es al revés. La familia me tiene que decir: "Yo quisiera reubicarme acá". ¿Qué hace el Canal? Va con esa familia, ve el nuevo sitio de posible reubicación y vemos si las condiciones del terreno son las adecuadas, que no haya deslizamientos, que el terreno sea apto para la misma actividad a que él se dedica hoy en día”.

La ACP tiene preidentificadas zonas potables de reasentamiento cerca de San Cristóbal y Las Marías en Penonomé, Faldares y Teriá en Capira, y La Encantadita de Colón.

La vida en las riberas del río

Los diseños preliminares muestran que el lago tendría hasta 80 metros de profundidad, un costo estimado de 1,600 millones de dólares, con 400 millones destinados a la parte social. Aguas abajo del embalse, comunidades como El Jobo y Santa Rosa también tienen interrogantes importantes. Yasenia Vargas, quien vive de mover gente en su bote, teme la reducción del caudal del río. "Ese caudal va a bajar. Y nosotros, ¿qué va a pasar con nosotros los boteros? Que es la entrada económica de nosotros, nuestra vía”.

“¿Dónde está la respuesta para nuestras comunidades? Para nuestra gente que vivimos en la cuenca, porque ahorita somos como una tacita de oro para todo el país”, acotó Vargas.

La ACP afirma estar estudiando este impacto. "Las mediciones en el río son precisamente para la actualización de la línea base ambiental y luego va a ser parte del estudio de impacto ambiental para garantizar que esas comunidades que van a quedar aguas abajo de la presa tengan la cantidad de agua que el río requiere para las actividades a las que ellos se dedican hoy en día", explica de Marotta.

A pesar de las promesas de compensación, la conexión con la tierra es insustituible para muchos. "Eso no tiene precio, el terreno de nosotros acá no tiene precio, pues es toda una vida", afirma Argilio Hernández, de la comunidad de Tres Hermanas en Capira. "Me puedo ir, aunque me puedan pagar bien, pero yo no me voy a ir a gusto, porque yo no me quería ir de aquí”.

El Estado panameño se encuentra ante un desafío monumental: equilibrar la necesidad nacional de asegurar el futuro del canal con la historia de olvido y exclusión hacia estas comunidades rurales. El proyecto, cuya licitación se espera para 2026, no solo es una gigantesca obra de ingeniería, sino también una prueba de fuego para el país: es hora de saldar las viejas deudas sociales y garantizar un desarrollo inclusivo en la región del río Indio, a la que hoy el resto de la nación le toca la puerta con un grito de auxilio.