¿Qué dijo Cortizo sobre el contrato de Minera Panamá?

El presidente de la República, Laurentino Cortizo, evadió hablar del contrato con Minera Panamá y se limitó a decir que el Gobierno Nacional está desarrollando “una estrategia”.

“Al final al país y a la empresa les conviene firmar el contrato, porque si a la empresa le va bien vamos a recibir más ingresos para Panamá, pero ese es un tema que desde el punto de vista estratégico yo no voy adelantar ningún avance de nada”, manifestó el mandatario.

Una historia llena de contradicciones. Así se explica el recorrido del Contrato Ley 9, que casi una década después de haberse demandado, fue declarado inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia en 2017.

El fallo marcó el inicio de un capítulo que aún no termina de escribirse en Panamá, con una sucesión de tramas que dejarían perplejo a cualquier amante del surrealismo. Y es que los hechos posteriores al fallo –y que aún siguen revelándose- tienen una alta carga de suspenso, luchas de poder, intrigas, medias verdades y contradicciones, que aunque serían ingredientes perfectos en una novela, no aportan más que desconfianza en la población ante una realidad de gran magnitud como es la concesión minera en cuestión.

El gobierno anterior de Juan Carlos Varela permitió la continuidad de la actividad minera a pesar del fallo de inconstitucionalidad. Pretendió “regularizar” la actividad enviando un contrato idéntico a la Asamblea en el ocaso de su mandato, pero la balanza política le jugó en contra y los diputados rechazaron el contrato, dejando el “asunto por resolver” al entrante gobierno de Cortizo.

Cuando el Partido Revolucionario Democrático (PRD) de Cortizo y Carrizo toman el poder en julio de 2019, prometen una “renegociación” con Minera Panamá, filial de la canadiense First Quantum y operadora de Cobre Panamá, la mina que justo había empezado a exportar concentrado de cobre en junio de ese mismo año. 

Cortizo formó un comité de asesores y funcionarios para negociar con la empresa. Luego llegó la pandemia. Las negociaciones se hicieron a puerta cerrada. Aparte de escuetos comunicados oficiales, lo más concreto que trascendió sobre estas negociaciones pasó a mediados de 2021, cuando el veterano perredista y economista Marcel Salamín, quien fue parte de la comisión asesora, renunció denunciando en una entrevista en el programa Mesa de Periodistas, que “se dejó entrever que había una propuesta pre elaborada desde hace algún tiempo” en esa mesa, además de otras irregularidades en el proceso.