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Proyecto que penaliza la evasión fiscal no debe ser modificado, según la ministra

Proyecto contra la evasión fiscal no debe modificarse, considera ministra / TVN Noticias

La ministra de Economía y Finanzas, Eyda Varela de Chinchilla, advirtió que el proyecto de ley que contempla sanciones para los evasores fiscales no debe ser modificado. La iniciativa ya se encuentra en la Asamblea Nacional (AN), en espera de debate.

Lo expresado por la funcionaria, responde a las solicitudes de la Cámara de Comercio y otros gremios empresariales de incluir algunos cambios al documento.

Las organizaciones piden rebajas de pena para los delitos precedentes al blanqueo de capitales de 2 a 4 años porque el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ha solicitado que sea de 5 a 12 años, más detención preventiva.

También han pedido que el monto de defraudación en que se basen estas propuestas, sea incrementado a $500 mil y que de aquí se ponga multa, detención preventiva y otras acciones. La cifra en el proyecto de ley es de $300 mil.

La ministra Varela de Chinchilla expresó que no van a llevar estas modificaciones que solicitan los gremios empresariales, al proyecto que ya se presentó en la AN.

Además, se ha pedido al presidente Juan Carlos Varela, que el documento sea incluido para discusión en sesiones extraordinarias.

"La Asamblea de Diputados tendrá que definir cuáles son los pasos siguientes. Pero ese articulo, el 254 del Código Penal, ya tiene 20 otros delitos precedentes que tienen penas de 5 a 12 años. ¿Por qué vamos a tener una condición especial para el delito de evasión fiscal?", expresó Chinchilla de Varela a los medios de comunicación.

Panamá es de los pocos países del continente que no considera la evasión fiscal un delito penal, una regulación que evitaría que el país entre nuevamente a la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

Los gremios empresariales y otros sectores conocedores del tema, cuestionaron el proyecto y advierten que una investigación por delito de lavado de activos, con prisión preventiva automática, puede convertirse en una herramienta de persecución política.

Con información de María De Gracia.

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