Monjas fueron excomulgadas y acusadas de vender patrimonio histórico por internet

Las detenciones, realizadas el jueves 28 de noviembre, han desencadenado una oleada de interrogantes sobre el manejo del patrimonio religioso y el trasfondo del conflicto que estas monjas ya mantenían con el Vaticano tras su reciente excomunión.

El nombre del convento de Santa María de Bretonera, en León, España, pasó de la discreción monástica al centro de un escándalo nacional luego de que dos religiosas de la Orden de las Hermanas Clarisas fueran detenidas por presuntamente sacar bienes históricos del recinto y comercializarlos a través de internet.

Las investigadas son Laura García de Viedma, conocida en la comunidad como sor Isabel de la Trinidad y abadesa del convento, y otra religiosa identificada como sor Paloma. Ambas quedaron posteriormente en libertad provisional, mientras continúan las diligencias judiciales. Junto a ellas también fue arrestado un hombre dedicado al comercio de antigüedades, señalado de participar como intermediario entre las piezas históricas y los compradores particulares.

Según informó la Subdelegación del Gobierno en Burgos, las pesquisas se concentran en la posible venta irregular de bienes vinculados al patrimonio del convento. Las autoridades investigan si las monjas sustrajeron piezas que pertenecían a la comunidad religiosa para venderlas de forma privada. Para la Guardia Civil, los tres detenidos serían “presuntos autores de delitos de apropiación indebida agravada, al recaer en bienes de patrimonio histórico y receptación”.

Entre los objetos ya recuperados figura una pieza de alto valor simbólico: una figura de San Antonio de Padua del siglo XVII, encontrada tras las primeras inspecciones. Los investigadores sospechan que varias piezas más pudieron ser ofrecidas en plataformas virtuales a coleccionistas madrileños interesados en arte sacro.

Este caso no se desarrolla en el vacío. Las religiosas involucradas habían adquirido notoriedad en agosto, cuando desafiaron directamente al Vaticano y fueron oficialmente excomulgadas. Aquella ruptura se originó, según versiones locales, después de que Roma se opusiera a la venta de un monasterio que las monjas querían traspasar. Ese clima de tensión podría explicar parte de la atención mediática que el nuevo escándalo ha recibido.

La denuncia por la supuesta venta irregular no provino desde dentro del convento, sino de una persona ajena a la comunidad. Tras ello, el convento fue registrado y un equipo especializado elaboró un inventario completo para determinar con precisión qué piezas habían desaparecido.

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Frente a la oleada de acusaciones, las religiosas han rechazado cualquier intención delictiva. Alegan que los objetos retirados no formaban parte de un patrimonio valioso y que el procedimiento responde a un malentendido que, según su versión, se ha magnificado de forma injusta.

El portavoz de la comunidad, Francisco Canals, sostuvo públicamente que “en todos los monasterios siempre se acumulan objetos viejos”, insinuando que se trataba de piezas sin relevancia histórica. Asimismo, denunció que existe una campaña contra las religiosas: “Parece que se quiere mancillar, atacar la reputación de estas monjas; todo vale para atacarlas (…) Se busca la pena del Telediario, atacar a unas monjas que dejaron una vida y que buscan simplemente seguir el sendero de su fe, de su vocación”.

Canals también afirmó que, según su interpretación, los objetos vendidos no necesitaban autorización especial, pues no pertenecían al inventario general ni eran bienes de interés cultural.

Aunque el caso ha generado una fuerte reacción pública, alimentada por la mezcla de patrimonio religioso, venta online y un trasfondo de conflicto con la Santa Sede, las autoridades insisten en que la investigación sigue en curso. Será el análisis del inventario oficial el que determine si hubo realmente apropiación indebida de bienes protegidos o si, como argumenta la defensa, se trató solo de piezas antiguas sin valor patrimonial.