España desaconseja visitar ciudades de Nicaragua
La embajada de España en Nicaragua advirtió hoy a sus ciudadanos de la presencia de parapolicías en diferentes ciudades del país y desaconsejó visitarlas, en medio de una crisis que ha dejado centenares de muertos desde abril pasado en protestas contra el Gobierno de Daniel Ortega.
"Se ha detectado la presencia parapolicial en determinadas ciudades o zonas de Nicaragua, (Masaya, Jinotepe, Sutiaba, Jinotega, Managua), por lo que se desaconseja visitar las mismas en estos momentos y, de tener que hacerlo, verificar previamente las condiciones de seguridad", dice la Embajada española en un comunicado publicado en su página web.
Ya el pasado 23 de julio el Ministerio de Asuntos Exteriores español desaconsejaba viajar a Nicaragua dado que el país está "casi en guerra civil" y "el nivel de riesgo es elevado".
Los parapolicías son hombres de civil, encapuchados y fuertemente armados, que se mantienen ocultos junto a las carreteras o viajan en camionetas y que, según organizaciones humanitarias, realizan secuestros y "ejecuciones extrajudiciales" junto con la Policía Nacional.
La Embajada recomendó hoy a los ciudadanos españoles "extremar precauciones en sus desplazamientos", así como "abstenerse de presenciar, participar o transitar, cerca de concentraciones de personas".
También pidió "estar muy atento a la información sobre seguridad ciudadana", mantener "su documentación de viaje en rigor", "inscribirse en el Registro de Matrícula Consular", y tener "previsión de necesidades personales".
"Los niveles de delincuencia que actualmente se dan en Nicaragua son superiores a los conocidos en el país antes de abril 2018, y los focos de riesgo y situaciones de violencia que pudiesen generarse no son predecibles", agregó.
La advertencia de la embajada de España fue divulgada un día después de que el Gobierno de Nicaragua lanzó su campaña "Nicaragua siempre linda", cuyo objetivo es atraer a turistas de todo el mundo.
Desde el 18 de abril pasado Nicaragua atraviesa la crisis sociopolítica que ha dejado entre 317 y 448 muertos, la más sangrienta desde la década de 1980, también con Ortega como presidente, quien reconoce 198 fallecidos.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) han responsabilizado al Gobierno de Nicaragua de "asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, malos tratos, posibles actos de tortura y detenciones arbitrarias", lo que Ortega ha negado.
Las protestas contra Ortega y Rosario Murillo comenzaron por unas reformas a la seguridad social, que finalmente fueron retiradas, y se convirtieron en la exigencia de que renuncie el mandatario, después de 11 años en el poder, entre acusaciones de abuso y corrupción en su contra.