Ecuador gastó en Assange cerca de 800,000 dólares, según Contraloría

El Gobierno de Ecuador gastó unos 800,000 dólares en la manutención del fundador de Wikileaks, Julian Assange, durante los primeros seis años de asilo en su embajada en Londres, según un informe preliminar que la Contraloría General del Estado (CGE) presentó este lunes.

Esos gastos comprendieron "servicios de lavado, servicios médicos, hospitalarios y complementarios, alimentación, consultoría, servicios comunicacionales, adecuaciones, eventos públicos, pasajes y viáticos de servidores, por USD 795.372,71", especificó la institución durante la lectura de los resultados provisionales de su examen a la gestión financiera de Ecuador durante el asilo.

Assange estuvo refugiado en la embajada ecuatoriana en Londres desde junio de 2012 hasta el pasado abril -cuando Ecuador decidió suspenderle el asilo y la policía británica lo detuvo por violación de medidas cautelares seis años antes- aunque los gastos mencionados en el informe se refieren hasta septiembre de 2018.

La suma de unos 800,000 dólares, resultante de una auditoría, contrasta con la de 6 millones que el ministro de Exteriores José Valencia mencionó el 11 de abril, al poner fin al asilo, aunque hoy nadie ofreció una explicación sobre esa diferencia.

El informe forma parte de una revisión que realiza la Contraloría después de que varios asambleístas de derechas pidieran investigar el proceso de naturalización del activista en diciembre de 2017.

Assange fue naturalizado por iniciativa de la entonces ministra de Exteriores, María Fernanda Espinosa, quien quiso con ello concederle un cargo diplomático con el que eludir a la justicia británica.

Espinosa se enfrenta por su gestión en este y otros casos a un juicio político en la Asamblea Nacional.

Según la Contraloría, del presupuesto global, 562.203 dólares se destinaron a contratar asesorías legales (418.026 dólares) y comunicacionales (144.177 dólares) para el activista australiano.

El ente regulador determinó que no pudo esclarecer los términos contractuales de esos gastos, por lo que deduce que se hicieron sin sustento legal.

Los gastos fueron abonados de fondos creados especialmente para el mantenimiento del asilado, que en el último año llegó a demandar al Estado ecuatoriano por vulnerar sus derechos por imponerle un protocolo de convivencia dentro de la legación.

Dos de los cuatro fondos, por un valor de 120.000 y 300.000 dólares cada uno, fueron creados una vez que se concedió el asilo diplomático, de los que se destinaron a temas relacionados con Assange un total de 66.614 y 266.612 dólares, respectivamente.

Igualmente, en julio de 2012 -antes de recibir oficialmente el asilo- se liquidó un monto de 36.000 dólares para cuestiones de comunicación sobre el australiano.

Por otro lado, Ecuador se gastó poco más de 23.600 dólares para adecuar las instalaciones de la legación diplomática a la llegada de Assange, incluyendo la reforma de los baños de hombres y mujeres.

Además, realizó un desembolso de casi 5.400 dólares en un evento para celebrar la concesión del asilo diplomático.

"En el evento de 'Conmemoración del asilo político' no se observó lo establecido en la Reforma a las Normas de Austeridad y Control del Gasto Público, que establece la prohibición de festejos, agasajos o recepciones, ocasionando un pago sin sustento por 5.395 dólares", refiere el documento.

Sobre el servicio de alimentación, el informe estipula que se contrató sin concurso de proveedores, de forma que se protegieran los intereses presupuestarios del Estado ecuatoriano.

También se evidencia de la auditoría la contratación de un servicio de Internet y telefonía con el que el asilado podía contactar directamente con la presidencia de la República y que costó un montante de 5.604 dólares, que se sumaron a los poco más de 1.000 dólares extra para instalar una nueva conexión SDL de internet en la Embajada.

Todos esos gastos no tenían sustento legal, ya que no contaban con una documentación que respaldara los rubros, concluyó el informe de la Contraloría.

Este es el segundo de tres exámenes especiales que lleva a cabo la CGE sobre el asilo a Assange, el tercero de los cuales -el otorgamiento del pasaporte ecuatoriano- se dará a conocer en las próximas semanas.

Los resultados provisionales de ese examen apuntan a que el proceso de naturalización no se realizó de acuerdo a la normativa, al no haberse respetado los requisitos más básicos.