CIDH admite demanda de diputada Gómez por violación de sus derechos judiciales

La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) admitió el pasado 16 de octubre una demanda contra el Estado panameño presentada por la actual diputada independiente Ana Matilde Gómez por la violación de sus garantías judiciales en un proceso al que fue sometida durante la administración del expresidente Ricardo Martinelli.

Como resultado de estas acciones judiciales, llevadas adelante por parte de la Corte Suprema de Justicia a Gómez se le condenó por el delito de abuso de autoridad y se le sancionó con el alejamiento definitivo de su cargo y 6 meses de prisión, los cuales fueron reemplazados por el pago de 4 mil dólares.

El documento de admisibilidad de la demanda destaca que el Estado panameño podría enfrentar una sanción en caso que la CIDH pruebe que existió una destitución arbitraria de Gómez, cuando ejercía el cargo de Procuradora General de la Nación y que fue sacada en un proceso que supuestamente violó sus garantías judiciales.

Esta denuncia fue presentada por Gómez el 16 de febrero de 2011 y en la cual se señala que fue objeto de posibles violaciones, sustentadas en la Convención Americana de los Derechos Humanos y de la cual el Estado panameño es signatario.

La injerencia de la administración Martinelli, también es un punto que destaca el documento en el cual textualmente señala que: “los intereses del poder Ejecutivo en alejar a Gómez de su cargo fueron evidentes”.

“El 4 de enero de 2010 tomaron posesión dos magistrados de la Corte Suprema, quienes fueron elegidos por el entonces presidente de la República, Ricardo Martinelli y que al día siguiente, el 5 de enero de 2010, la Procuraduría de la Administración solicitó a la Corte Suprema la aplicación de medidas cautelares en contra de Gómez. Explican que dicha solicitud debía ser analizada por otros dos magistrados que en el pasado habían sido investigados por Gómez Ruiloba. Por ello, ésta presentó dos incidentes de recusación, el segundo de los cuales fue rechazado 5 meses después, el 18 de junio de 2010, cuando ya se habían aplicado las medidas cautelares solicitadas”, destaca el documento al que tuvo acceso TVN-2.com.

Luego de admitida esta denuncia por parte de la CIDH, el Estado panameño tiene cuatro meses para decidir si se acogen a una resolución amistosa o prefieren negar los hechos e ir a juicio.