La organización afirma que no se respetó el debido proceso, ni la presunción de inocencia. Apuntó que debe ser la Corte Suprema de Justicia la encargada de investigar y juzgar al Defensor del Pueblo.

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"Debe prevalecer la verdad y la justicia y no un objetivo político", manifestó la Fundación a través de un comunicado. "El objetivo de lo sucedido en la Asamblea Nacional queda en evidencia de forma inmediata, con la exigencia de renuncia a directores y jefes hecha por la Defensora Adjunta encargada Maribel Coco, quien militaba en el PRD hasta hace 15 días. Con ello, las fuerzas políticas partidistas toman inmediato control de una institución que requiere neutralidad, conocimientos técnicos y experiencia", añade.

La Fundación hace un llamado a la Corte Suprema de Justicia, al Órgano Ejecutivo, la Procuraduría de la Administración y a la ciudadanía a que manifiesten su desacuerdo con las acciones de la Asamblea, señalando que van en contra de los derechos humanos y el servicio de la justicia.

Castillero fue destituido el 9 de octubre tras una votación del pleno de la Asamblea Nacional que lo acusó de no tener "autoridad moral", en relación a presuntas denuncias por abuso laboral y acoso sexual.