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El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) expresó su profunda preocupación por las denuncias de presuntos abusos contra menores en un albergue de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf), ubicado en Tocumen, caso que actualmente es objeto de investigación por parte del Ministerio Público.
El pronunciamiento se da luego de que la presidenta de la Comisión de la Familia de la Asamblea Nacional hiciera pública la denuncia, lo que reavivó el debate sobre las condiciones en las que viven niños, niñas y adolescentes bajo custodia del Estado.
Clara Inés Luna, encargada de Asuntos Públicos y Comunicaciones de Unicef en Panamá, señaló que el organismo internacional se siente “profundamente tocado” por la situación, al tratarse de menores que ya se encuentran en condición de alta vulnerabilidad por carecer de cuidado parental.
“Estos niños deberían recibir la máxima protección del Estado. Ya sea que el albergue sea gestionado por el sector público o privado, la responsabilidad última de su seguridad, bienestar y dignidad recae en el Estado”, afirmó.
Luna manifestó la solidaridad de Unicef con los niños afectados y sus familias, recordando que, aunque la separación familiar se da como una medida de protección, las familias siguen esperando lo mejor para sus hijos.
Unicef hizo un llamado a reconocer la responsabilidad compartida de los distintos órganos del Estado. Según explicó Luna, el Órgano Ejecutivo debe garantizar la adecuada gestión, supervisión y cumplimiento de estándares mínimos en los centros de protección; el Órgano Legislativo tiene un rol clave en la fiscalización y seguimiento de las políticas públicas; y el Órgano Judicial debe actuar con celeridad tanto en la adopción de medidas de protección como en la judicialización de quienes resulten responsables de violaciones a los derechos de la niñez.
Unicef reiteró su llamado a fortalecer las instituciones de protección infantil, subrayando que Panamá destina apenas 0.025 % del presupuesto público a este sector, una cifra significativamente menor en comparación con países de la región como Costa Rica, Uruguay o Chile, que invierten 4 % o más.
“Esto no justifica la negligencia ni el abuso, pero sí explica lo difícil que resulta hacer lo que se tiene que hacer”, advirtió Luna.
Desde hace más de una década, Unicef trabaja en Panamá en procesos de desinstitucionalización, promoviendo alternativas al internamiento en albergues. Tras la crisis de 2021, se identificó que el país no contaba con un censo claro de menores albergados ni con un registro unificado de centros, situación que llevó a un levantamiento de información que reveló la existencia de más de 1,200 niños y niñas en unos 50 albergues.
Como parte de ese proceso, se impulsó la creación de expedientes únicos para evitar la revictimización y se implementó el sistema digital Primero Panamá, que permite el seguimiento interinstitucional de los casos.
Unicef reiteró su llamado al Estado panameño para ampliar a nivel nacional los programas de familias acogientes, una modalidad que, según la experiencia internacional, ofrece mejores condiciones de cuidado y desarrollo para los menores.
"Los albergues no son buenos para niños y niñas", enfatizó.
“Siempre debe priorizarse la reunificación familiar cuando sea posible, luego la familia extendida y, de no existir esta opción, una familia acogente debidamente evaluada. La calidad del trato que recibe un niño en una familia es completamente distinta a la de un albergue”, sostuvo Luna.
El organismo advirtió que los niños y niñas que actualmente permanecen en albergues, y que hoy están en el centro de estas denuncias, deberían estar en entornos familiares, como parte de una política de protección que coloque el interés superior del niño en el centro de las decisiones.