'No hay explicación': Janine Prado pone en duda legalidad del presupuesto legislativo

Ciudad de Panamá, Panamá/La diputada independiente Janine Prado cuestionó la falta de explicaciones sobre el incremento de más de 64 millones de dólares en el presupuesto de funcionamiento de la Asamblea Nacional para 2025, al tiempo que advirtió una profunda contradicción frente a la crisis que enfrentan los centros de atención a niños, niñas y adolescentes vulnerados en el país.

Durante una entrevista en Noticias AM, Prado señaló que, pese a que el aumento presupuestario fue anunciado públicamente por la presidencia de la Asamblea, no existe claridad sobre el mecanismo legal utilizado para aprobar ese traslado, ni registros visibles en la Comisión de Presupuesto, de la cual forma parte.

“Soy comisionada de Presupuesto y no he visto ninguna solicitud de traslado hacia la Asamblea. No aparece ni por orden del día ni por silencio administrativo”, afirmó la diputada, al subrayar que esto abre serias interrogantes sobre la legalidad del procedimiento.

Prado explicó que ya se solicitó formalmente a la Secretaría de la Asamblea copia de todas las resoluciones de la Comisión de Presupuesto, con el fin de verificar si existe algún respaldo legal para el traslado de los fondos. De no recibir respuesta, advirtió que acudirán a la Corte Suprema de Justicia mediante un habeas data, y que, de confirmarse irregularidades, se presentarían las denuncias correspondientes.

Presupuesto millonario vs. niñez desprotegida

El cuestionamiento toma mayor relevancia en medio de la crisis institucional que atraviesa la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf), con múltiples investigaciones por abuso y negligencia en albergues. Prado calificó como “paupérrimo” el presupuesto destinado a la protección de la niñez y cuestionó la falta de una política de Estado sólida en esta materia.

“Se me parte el corazón como panameña y como madre. Esto no es nuevo. Desde septiembre levantamos banderas rojas porque el presupuesto del Senniaf es insuficiente”, señaló, al recordar que esta entidad opera bajo el paraguas del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), al que también atribuyó responsabilidad.

Como ejemplo, mencionó que en provincias como Veraguas solo se contaba con ocho funcionarios para atender los casos, incluyendo un solo abogado, lo que calificó como inviable frente a la magnitud del problema.

Trabajo legislativo y críticas por fiscalización

La diputada defendió la labor de fiscalización realizada por miembros de la Asamblea, en especial desde la Comisión de la Mujer, ante críticas que califican estas acciones como “shows mediáticos”.

“Cada vez que denunciamos algo, nos atacan. Pasó con la descentralización paralela, pasa ahora con el presupuesto y con las visitas a albergues. Eso no nos va a detener”, afirmó.

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Recordó además que desde el Órgano Legislativo se han impulsado leyes para endurecer las penas por delitos sexuales contra menores y que recientemente se aprobó la ley de acogimiento familiar, como alternativa ante los escándalos en albergues.

Transparencia, corrupción y proyectos estancados

Prado también reaccionó al informe de Transparencia Internacional, que mantiene a Panamá estancado en el índice de percepción de la corrupción. A su juicio, el problema radica en la falta de voluntad política para avanzar en iniciativas clave.

Entre los proyectos que permanecen detenidos, mencionó el proyecto antibotellas, la iniciativa para transparentar los beneficiarios finales de las empresas que contratan con el Estado y propuestas para limitar privilegios como el número de escoltas asignados a exfuncionarios.

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“La agenda depende de la voluntad del presidente de cada comisión. Si no quiere debatir un proyecto, simplemente no avanza”, denunció.

Finalmente, se refirió al lento avance de las reformas al Reglamento Interno de la Asamblea, calificándolo como un reflejo de la falta de consenso y voluntad política, aunque destacó algunos avances logrados por consenso, como la obligación de que las comisiones sesionen regularmente.