Analistas advierten retrocesos en transparencia y justicia durante 2025 pese a plataformas y promesas de reformas

Ciudad de Panamá, Panamá/El año 2025 cerró con fuertes cuestionamientos en materia de transparencia, contrataciones públicas y administración de justicia, según coincidieron la directora ejecutiva de la Fundación Libertad Ciudadana, Olga de Obaldía, y el abogado y analista Rodrigo Noriega, durante un panel de análisis en el programa Radar.

Ambos señalaron que, aunque se registraron avances formales en transparencia digital, estos han sido opacados por retrocesos institucionales, opacidad en el uso de fondos públicos y bloqueos políticos que afectan la lucha contra la corrupción.

Avances puntuales y retrocesos estructurales

De Obaldía reconoció iniciativas como las plataformas en línea impulsadas por la Autoridad de Innovación Gubernamental (AIG) y la publicación de información de transparencia proactiva exigida por la Ley 6. Sin embargo, advirtió que estos esfuerzos conviven con decisiones que debilitan el acceso a la información, como los cambios en los sistemas de búsqueda de la Contraloría y la restricción para conocer a los beneficiarios finales de empresas que contratan con el Estado.

“Uno de los golpes más fuertes a la confianza ciudadana es que se haya considerado de naturaleza restringida quiénes son los verdaderos dueños de las empresas que contratan por más de 500 mil dólares”, afirmó, al cuestionar que se alegue “secreto comercial” en contratos financiados con fondos públicos.

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Justicia y tribunales bajo la lupa

Por su parte, Rodrigo Noriega sostuvo que el Órgano Judicial ha favorecido la opacidad, al respaldar a entidades del Ejecutivo en acciones de habeas data. “En vez de convertirse en un aliado de la transparencia, el órgano judicial está interpretando la ley de forma excesivamente restrictiva”, señaló, citando fallos que beneficiaron a instituciones como la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) y el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu).

Noriega también criticó lo que describió como una “pasarela de casos de alto perfil” relacionados con el gobierno anterior, sin que se concreten reformas estructurales en la administración actual. A su juicio, los cambios esperados “están totalmente ausentes”.

Beneficiarios finales y contrataciones públicas

De Obaldía insistió en que Panamá enfrenta un retroceso conceptual al limitar la divulgación de los beneficiarios finales de los contratistas del Estado. “No puede existir anonimato cuando se trata de contratos públicos”, enfatizó, y reiteró el respaldo de Libertad Ciudadana a un proyecto de ley presentado por la diputada Janine Prado para obligar a publicar los dueños de todas las empresas que contraten con el Estado, desde montos menores hasta grandes licitaciones.

Ambos panelistas advirtieron que, aun con nuevas reformas a la Ley de Contrataciones Públicas anunciadas por el Ejecutivo, persiste el riesgo de que los regímenes de excepción y las contrataciones directas sigan siendo la puerta de entrada a la discrecionalidad y la corrupción.

Asamblea, planillas y clientelismo

El debate también abordó el aumento de las planillas de la Asamblea Nacional, que, según De Obaldía, pasaron de seis a nueve millones de dólares mensuales en los últimos meses. La activista calificó esta práctica como parte de un mecanismo clientelar que “es un cáncer para la democracia panameña”.

Noriega coincidió en que la nueva presidencia legislativa no solo no frenó estas prácticas, sino que las profundizó. “Por el contrario, aumentó la planilla”, afirmó, señalando que los intentos iniciales del contralor por limitar estos gastos cedieron ante presiones políticas.

Impacto social y percepción ciudadana

Ambos analistas coincidieron en que la ciudadanía enfrenta un hartazgo político, agravado por la situación económica. Noriega describió a la población “en un plan de sobrevivencia”, preocupada por el empleo, el acceso al agua, la inseguridad y el deterioro de los servicios básicos, más que por el debate político.

De Obaldía añadió que Panamá retrocedió en los indicadores internacionales de penetración del crimen organizado y resiliencia institucional, lo que, combinado con opacidad y discrecionalidad, incrementa el riesgo de corrupción.

Ley antimafia y reformas pendientes

Sobre la anunciada ley antimafia, Noriega advirtió que su eficacia dependerá de si se aplica “contra todas las mafias y no solo contra las de otros”. De Obaldía recordó que propuestas previas del Ministerio Público para fortalecer la lucha anticorrupción fueron bloqueadas en la Asamblea, al igual que iniciativas clave como la protección a denunciantes.

Pese al panorama crítico, ambos coincidieron en que el Gobierno aún tiene una oportunidad de corregir el rumbo si impulsa reformas profundas, reduce las excepciones en contrataciones públicas y fortalece la transparencia antes del inicio de las grandes obras anunciadas para 2026.

Esta nota fue hecha con la asistencia de una inteligencia artificial y revisada por un supervisor de información digital.